En un contexto donde el rol de los funcionarios públicos está siendo ampliamente cuestionado, dos casos recientes destacan por sus implicancias éticas y financieras: la destitución de una funcionaria del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por presunta participación en una estafa piramidal, y las deficiencias detectadas en la transparencia de los recursos destinados a estudios públicos durante 2023.

Ambos eventos subrayan la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas en la administración pública.

Caso SAG: estafa piramidal y destitución

El primer caso que ha generado controversia involucra a una funcionaria del SAG que ocupaba el cargo de jefa regional y era responsable de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas.

Según un sumario administrativo llevado a cabo por el organismo, la funcionaria utilizó su posición jerárquica para invitar a subalternos a participar en un esquema conocido como "mandalas de la abundancia", un tipo de estafa piramidal.

Los aportes monetarios requeridos, que ascendían a entre uno y dos millones de pesos, eran depositados directamente en la cuenta corriente de la implicada.

La funcionaria alegó que la sanción de destitución era desproporcionada en comparación con las medidas disciplinarias aplicadas a otros funcionarios en casos similares.

En su defensa, argumentó que no existían diferencias significativas en las acusaciones contra ella y otros implicados.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su recurso de protección, concluyendo que el procedimiento disciplinario cumplió con las normas legales y que la destitución era una medida adecuada dadas las circunstancias.

“La formulación de cargos se efectuó en su calidad de encargada regional, haciendo uso de la jerarquía de su cargo, lo que agrava la falta al principio de probidad administrativa”, señaló el fallo emitido por la Cuarta Sala del tribunal.

Esta sala estuvo integrada por los ministros Jean Pierre Matus, Diego Simpertigue, María Soledad Melo y las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Paola Ruiz.

Los jueces concluyeron que la funcionaria infringió gravemente la confianza pública al involucrar a sus subalternos en un esquema fraudulento.

Además, la Corte Suprema ratificó esta decisión, señalando que no existió vulneración al principio de igualdad ante la ley, ya que las diferencias en las sanciones aplicadas se justificaron en la naturaleza y gravedad de las conductas imputadas.

Subsecretarías y transparencia en estudios públicos

Por otro lado, un informe elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló importantes falencias en la gestión y transparencia de los recursos destinados a estudios e investigaciones en 2023.

Según el análisis, las subsecretarías de la administración central ejecutaron un gasto total de 126.000 millones de pesos en este ámbito, pero más del 66% de los informes asociados no están disponibles públicamente en línea.

La subsecretaría de Salud Pública lideró el gasto, representando el 27% del total, lo que equivale a más de 34.000 millones de pesos.

Sin embargo, se identificaron inconsistencias significativas en la información reportada. En nueve subsecretarías, las diferencias entre los montos publicados en el portal de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y los informados al CPLT superaron los 700 millones de pesos.

Estas discrepancias han generado preocupación sobre la correcta rendición de cuentas en la administración de fondos públicos.

El informe también reveló un alto uso del trato directo como modalidad de contratación, que representó más del 40% de los estudios revisados.

Esta práctica, aunque permitida en situaciones justificadas, fue cuestionada por la falta de transparencia en los informes técnicos que respaldan dichas contrataciones.

Solo en un 6% de los casos fue posible acceder a estos informes en el sistema de Mercado Público.

“Donde hay un peso público, debe haber transparencia. Es fundamental garantizar a los ciudadanos el acceso a información clara sobre cómo se utilizan estos recursos”, enfatizó Bernardo Navarrete, presidente del CPLT.

El organismo también señaló que la mayoría de los estudios se justificaron bajo causales como “emergencia o imprevisto” o “especiales facultades del proveedor”, lo que plantea dudas sobre su planificación y ejecución.

Otro problema identificado fue el acceso limitado a los estudios financiados. Según el CPLT, más del 66% de los informes no están disponibles en los sitios web de las subsecretarías, obligando a los ciudadanos a presentar solicitudes formales para obtener la información.

“Este informe nos muestra que hay tareas urgentes que atender. Una de ellas es acercar esta información a la ciudadanía, a través de la publicación proactiva, evitando que deba ser solicitada uno a uno”, agregó Navarrete.

Resoluciones y acciones futuras

Ambos casos reflejan un desafío común en el sector público: la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la probidad administrativa.

Mientras el SAG enfrenta las repercusiones de un caso de corrupción que afectó su imagen institucional, el CPLT ha anunciado medidas concretas para mejorar la transparencia en la gestión de recursos destinados a estudios e investigaciones.

El CPLT enviará recomendaciones a la DIPRES, Contraloría General de la República y la Dirección de Compras Públicas para reforzar los mecanismos de control y fomentar una mayor rendición de cuentas.

Además, instó a las subsecretarías a mejorar la publicación proactiva de los estudios y resultados en sus plataformas digitales, facilitando el acceso de la ciudadanía.

“Esta fiscalización no solo busca exponer deficiencias, sino también inspirar cambios concretos que mejoren la rendición de cuentas en el Estado. Es fundamental garantizar a los ciudadanos el acceso a información que les permita evaluar cómo se están utilizando los recursos públicos”, concluyó Navarrete.