Se habían aprobado $1.000 para presupuesto del INDH 2025. Finalmente se aprobó una cifra razonable, imponiéndose la condición de las bancadas de derecha de constituir, este mes, una Comisión Asesora para su fortalecimiento, que debe entregar un informe con propuestas al Presidente el primer semestre de este año.

Un decreto explicitará funciones, plazos e “integración pluralista” y que considere “competencias y la expertis técnica” de sus miembros.

El Presidente, por su parte, en la entrega del Informe Anual de Derechos Humanos que presentó el INDH el 10 de diciembre pasado, expresó que: el INDH “es una pieza indispensable de nuestra institucionalidad de derechos humanos y para la democracia”, “adoptando los estándares internacionales en la materia”; y que “la independencia y la autonomía del INDH son centrales para la construcción de una democracia robusta y de alto estándar”, por lo que “debe ser fortalecida en su autonomía, en su independencia, en sus recursos, en sus funciones y en su pluralismo”.

Concluyendo que “vamos a tener una reunión con la presidenta del consejo, Consuelo Contreras, para la implementación de esto, que se puso en la glosa, que no atente contra el mandato que tiene el INDH”, y que “la Comisión Asesora Temporal, acordada en el Congreso, debe buscar el fortalecimiento, y yo voy a velar porque eso sea así”.

La Comisión Asesora debiese estar constituida pluralmente, con participación de personas con conocimiento y experiencia en el campo de los derechos humanos, académica y no académica, y de gestión de instituciones autónomas.

Debiese excluir a integrantes del Congreso

Requiere presencia del propio INDH, de organismos de la sociedad civil del área, académicos de Centros de Derechos Humanos, y para mantener la autonomía debiese excluir a miembros del Parlamento y el Ejecutivo al que se le remitirán sus conclusiones.

Es importante romper el “cuoteo político” en este campo, y entender el pluralismo como la expresión de múltiples derechos y disciplinas involucradas en torno a derechos indivisibles y para toda la población.

Por otra parte, para fortalecer la autonomía y eficiencia en la acción es indispensable que se trabaje en esos propósitos, considerando explícitamente los Principios de París, que dieron origen a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en casi todos los países.

¿Cómo fortalecer su autonomía ante los otros poderes del Estado?, ¿Cómo se asegura un financiamiento estable y no condicionado al gobierno de turno? ¿Cómo darle más atribuciones al Instituto para que sus recomendaciones, así como las del sistema internacional, sean no solo monitoreadas sino también vinculantes al Plan Nacional de Derechos Humanos y a cada poder del Estado involucrado? ¿Qué normas adoptar para que las y los funcionarios tengan atribuciones y resguardos en su quehacer a la vez que procesos de selección y control? ¿Cómo se hace respetar que la representación en el Consejo sea efectivamente de personas con trayectoria y conocimientos en Derechos Humanos? ¿Qué estructura ejecutiva se debe adoptar para que el Consejo sea un órgano soberano e independiente y que oriente el actuar del INDH?

En fin, estas y otras preguntas estarán en el debate, que no debiese quedar enclaustrado en la Comisión. Esta requiere escuchar múltiples voces de distintas instituciones y personas defensoras de derechos humanos que les permita apreciar la realidad cotidiana de las necesidades de la población respecto de la protección de sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, además de los civiles y políticos.

Banalización de los DDHH, propia de un sector

Vivimos tiempos en que los discursos y acciones para banalizar los derechos humanos, distorsionarlos, y luego devaluarlos en la convivencia, vienen de un sector político.

En su estrategia han cuestionado la idea clave de que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, lo que comprenden únicamente en una dimensión formal, privilegiando algo así como los “derechos del mercado” para definir quienes pueden acceder a los bienes básicos como la salud, las pensiones, la educación, el medio ambiente, la vivienda, la seguridad o al acceso a una justicia independiente.

Recientemente los ultraliberales han afirmado que la igualdad social atenta contra la libertad individual. En otras palabras, se busca deslegitimar socialmente los derechos humanos como base de la convivencia democrática y la paz social que ésta produce, cuando quienes integran una sociedad perciben que las instituciones públicas posibilitan el acceso a los derechos sociales y se orientan a la no discriminación.

Se hace indispensable que las organizaciones de derechos humanos seamos propositivas y vigilantes respecto de las discusiones e informe de la Comisión Asesora para el fortalecimiento del NDH.

Esta es una oportunidad para exigir que los estándares que deben regir a la institución nacional de derechos humanos, tengan una expresión sustantiva y no meramente formal, para que ante amenazas a la autonomía el INDH pueda defenderse a sí mismo y con ello a la población.