Megaminería desembarca en Mendoza y amenaza el agua de 1,5 millones de personas
El Senado de la provincia argentina de Mendoza aprobó a principios de diciembre el proyecto de megaminería PSJ Cobre Mendocino —conocido históricamente como San Jorge— en medio del fuerte rechazo de organizaciones ambientales, protestas ciudadanas que advirtieron sobre el impacto del emprendimiento sobre las reservas de agua de la provincia.
El proyecto obtuvo sanción definitiva tras la aprobación, por parte de la Cámara Alta provincial, de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), último paso legislativo que habilita a la empresa a avanzar con la explotación de cobre en la zona de Uspallata.
El oficialismo del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, gracias a una alianza que incluyó radicales, libertarios y macristas, sumó los votos necesarios tras semanas de tensión política internas y presión social en las calles.
La enorme provincia, limítrofe con Chile y ubicada en la región centro-oeste del país vecino, tiene 148.827 kilómetros cuadrados y, si la miramos desde el lado chileno, se extiende desde el Norte Chico (Los Vilos) hasta la ciudad de Los Angéles (700 kilómetros aprox.).
Más de un millón y medio de personas, tres de cada cuatro mendocinos, bebe el agua que proviene del acuífero Uspallata, conectado al río Mendoza y articulado hidráulicamente al río Tunuyán inferior, que nace en el volcán Tupungato y fluye hacia el noreste.
El peligro del drenaje ácido de las futuras escombreras y el depósito de colas pone a las aguas subterráneas en la mira de estos metales pesados, señala el docente e investigador Oscar Soto en el portal Tierra Viva.
Mientras los legisladores debatían el proyecto, en las inmediaciones de la sede legislativa se desarrollaron fuertes protestas que nucleaban asambleas socioambientales, vecinos y organizaciones territoriales movilizados contra el proyecto y advirtiendo sobre los riesgos que este trae para la disponibilidad y calidad del agua en la provincia estructuralmente atravesada por la escasez hídrica.
Los legisladores hicieron oídos sordos al reclamo y dieron su visto bueno con 29 votos a favor, cinco en contra del peronismo kirchnerista y una abstención. Además, el proceso fue acompañado por el gobernador radical aliado a Javier Milei, y por la represión de las fuerzas de seguridad contra las miles de personas que se manifestaron pacíficamente para sostener su calidad de vida.
Entre los detractores destacó el de el senador Gerardo Vaquer, el único que aludió a la flagrante del artículo 4 de la Ley 7722, un instrumento legal que prioriza el agua sobre la minería metalífera y ordena la consulta a todos los municipios que comparten una misma cuenca para un proyecto de alto impacto como el señalado, lo que evidencia –aseguró- la irregularidad del procedimiento.
La sesión que aprobó la explotación del PSJ —que será operado por la firma suiza Zonda Metals GmBH (que tiene sede financiera en Malta y Chipre) — estuvo prolijamente planificada.
Previo al debate, los votos ya estaba asegurados y mientras las pocas voces de senadores críticos desfilaban casi sin ser escuchadas, el oficialismo y sus aliados exhibían una imagen de gobernabilidad que escondía cómo se ordenan las piezas para la reprimarización acelerada de la provincia cuyana.
Minería y protestas
Organizaciones sociales aseguraron que ni la sanción definitiva ni la represión modificarán la resistencia en las calles y aseguraron que la aprobación se realizó “a espaldas a la sociedad”. La referente de la lucha por el agua en asambleas a nivel provincial y local en Luján de Cuyo, María Teresa “Guni” Cañas, señaló la “rabia y tristeza de la organización”.
“El gobierno no tiene licencia social. Hay mucha bronca en la gente. Vayas a donde vayas el tema del agua está, no es una cuestión de indiferencia. Los legisladores podían hacer otra cosa, pero forman parte de la estructura de poder que quiere imponer la megaminería”.
La dirigente criticó asimismo el accionar policial de las últimas jornadas y aseguró que en Mendoza hubo una escalada: “Empezamos en Uspallata con compañeros que fueron judicializados injustamente y la persona que los golpeó, de la patota sindical de la UOCRA (que nuclea a obreros de la construcción), nunca ha sido investigada”.
Recordó que la lucha por el agua lleva varios años y que “en 2019 también hubo represión y es algo que aún no ha tenido justicia. Las personas en el poder, y esta ultraderecha que nos está gobernando, se sienten impunes. Tiene también un sentido de desanimar a la gente que participa en lo que está sucediendo en Mendoza”.
La líder de comunidad Huarpe de Mendoza, Claudia Herrera, por su parte, denunció “hostigamientos de la empresa, presiones, visitas imprevistas”, que “no sólo no cumplieron con la consulta libre, previa e informada, sino que anunciaron en el boletín oficial que habían realizado un protocolo, que viola el convenio 169 de la OIT, porque fue sin la presencia de las comunidades”.
“Ya sabíamos que iban a aprobar el proyecto, pero esto es largo. Ahora se vienen denuncias a nivel local e internacional por la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la empresa minera. Decimos no a la muerte y sí a la vida”.
Paralelo a estos reclamos y desoyendo el clamor ciudadano, el CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, se mostró satisfecho por la votación y aseguró que la misma "permite dar un paso más" y que "ahora comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad".
