Empresario intervino cerro y causó daños irreversibles en humedal prioritario: Piden 8 años de cárcel y multa de $1.700 millones
La historia se inicia a fines de 2023, cuando un particular comenzó una serie de intervenciones en el sector Yeco, en la comuna de Mariquina.
Según la acusación fiscal, el empresario realizó trabajos directos sobre un cerro, removiendo completamente la capa vegetal y extrayendo material desde el lugar.
Ese material fue utilizado posteriormente para rellenar un humedal ubicado a orillas del río Lingue.
De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, este humedal estaba catalogado como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad por la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de Los Ríos.
Las faenas se extendieron durante varios meses y continuaron hasta febrero de 2024. La Fiscalía sostiene que estas acciones modificaron de manera profunda la conformación natural del terreno, afectando de forma permanente el ecosistema del humedal y sus funciones ambientales.
Para el Ministerio Público, el daño provocado no es reversible.
La eliminación de la vegetación, la remoción del suelo y el relleno del humedal generaron consecuencias definitivas en el entorno natural, lo que configura el delito de daño ambiental calificado, una figura penal que contempla sanciones más altas cuando el impacto sobre el ecosistema es permanente.
La acusación fue presentada por la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Fiscalía Regional de Los Ríos.
En la audiencia de preparación de juicio oral, realizada el 16 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Mariquina, la Fiscalía solicitó una pena de ocho años de presidio efectivo y el pago de una multa de 24 mil unidades tributarias mensuales, equivalente a cerca de $1.700 millones.
Este proceso dará paso al primer juicio oral por daño ambiental en la Región de Los Ríos, delito incorporado recientemente al ordenamiento jurídico chileno y vigente desde agosto de 2023.
Durante la investigación, la Fiscalía recabó antecedentes de distintos organismos técnicos y fiscalizadores, entre ellos el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Municipalidad de Mariquina, la Corporación Nacional Forestal y peritos de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la PDI.
