Este lunes 6 de enero, la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, instancia de coordinación que integran distintas organizaciones del continente americano, europeo y africano, condenó lo sucedido con los niños asesinados en Ecuador, exigiendo verdad y reparación.

Lo anterior, apuntando específicamente a "la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de cuatro niños de entre 11 y 15 años, del barrio Las Malvinas, en Guayaquil", que fueron aprehendidos por 16 militares el 8 de diciembre de 2024, y que aparecieron calcinados posteriormente, el 31 de diciembre" último.

"La Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los niños se enmarca en la aplicación reiterada de decretos de excepción del gobierno del presidente Daniel Noboa, que facultan a las Fuerzas Armadas, a realizar actividades de control de la seguridad interna", asegura un comunicado alusivo a los brutales hechos.

Siguiendo con su declaración, la instancia "condena en forma categórica las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales especialmente en Estados supuestamente democráticos y respetuosos del Estado de Derecho, fundados en el respeto y garantía de los Derechos Humanos".

Es de las acciones más extremas contra un ser humano

"Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales constituyen acciones de las más graves y extremas de violencia que pueden cometerse frente a cualquier ser humano", agrega el colectivo.

Paralelamente, esta recalca que, "en la historia reciente de nuestros pueblos, la comunidad internacional se ha pronunciado por la condena de cualquier método de desaparición y violencia con aquiescencia estatal y tales conductas han sido catalogadas como crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.

"Corresponde a los órganos de poder estatales en todos sus estamentos, hacer cesar inmediatamente la difusión de falsas versiones que afectan la honra de los menores asesinados, para justificar los atropellos cometidos por la patrulla militar, garantizando la tutela judicial efectiva en torno a investigación eficaz".

Adicionalmente, la agrupación aboga porque se "determine la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales", además de "que preserve el derecho a la verdad, tanto de las víctimas directas y sus familiares, como de la sociedad ecuatoriana en su conjunto".

"Sólo de este modo, pueden garantizarse la verdad, la justicia, y las debidas reparaciones, así como las garantías de no repetición indispensables para impedir que en el futuro se vuelvan a cometer esta clase de delitos contra la vida, mediante reformas profundas a la institucionalidad tanto del ámbito civil como militar, que garanticen y protejan integralmente los Derechos Humanos", concluye el comunicado.