En julio de 2024, un joven diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal tipo 3, una enfermedad que debilita los músculos de forma progresiva, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Este recurso buscaba obligar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), al Servicio de Salud de O'Higgins, al Hospital Regional de Rancagua y al Hospital de San Fernando a financiar el medicamento Risdiplam.

Según los médicos, este medicamento era esencial para detener el avance de su enfermedad y mejorar su calidad de vida.

El tratamiento con Risdiplam tiene un costo extremadamente alto, imposible de cubrir para la mayoría de las familias, de aproximadamente $60 millones anuales.

Los informes médicos presentados ante la Corte indicaron que, sin este medicamento, el paciente podría sufrir un deterioro muscular irreversible, problemas respiratorios graves e incluso la muerte.

A pesar de esta evidencia, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso, argumentando que no existía suficiente información científica sobre la efectividad del medicamento en adultos con esta enfermedad y que no había un riesgo vital inmediato.

El caso fue llevado ante la Corte Suprema, donde los jueces Adelita Ravanales, Diego Simpertigue y Mireya López, junto con los abogados integrantes Carlos Urquieta y José Miguel Valdivia, revisaron los antecedentes.

La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Rancagua y ordenó que Fonasa y el Servicio de Salud de O'Higgins entreguen el medicamento al paciente de forma inmediata.

El tribunal consideró que la negativa de las instituciones a financiar el tratamiento era un acto arbitrario e injustificado, ya que priorizaba razones económicas y administrativas por sobre el derecho a la vida y la salud.

En su decisión, los jueces afirmaron que "el medicamento Risdiplam es fundamental para estabilizar la salud del paciente y evitar un deterioro mayor de su condición física y respiratoria".