Se estima que en 2025 la producción de litio en Chile va a crecer un 20%, y ya se están perfilando los proyectos de extracción en los salares del país, con listados recién publicados sobre aquellos ecosistemas que podrán recibir la actividad.

Pero el avance en la estrategia del litio ya ha generado conflictos socioambientales con comunidades indígenas y desde el mundo científico se ha alertado sobre el peligro de desarrollar una industria extractiva sobre ecosistemas delicados de los que poco se conoce.

Hacia fines de 2024, se publicó un estudio que alertaba sobre el hundimiento que está sufriendo el Salar de Atacama, por el que los científicos apuntan a la extracción de litio que compacta el suelo y lo calienta al extraer agua de este.

Por su parte, desde el Gobierno se implementó una red de salares protegidos, que eligió ecosistemas que quedaron fuera de las ofertas para que las empresas desarrollen sus proyectos de extracción de litio.

Parte del objetivo de esta red será restaurar aquellos salares que quedaron protegidos pero que ya están degradados en algunas partes por el desarrollo de actividades industriales. Para ello y para avanzar en el conocimiento científico sobre los salares y su relación con el abastecimiento de agua, se constituirá un Instituto Público de Investigación en Litio y Salares, que comenzaría a funcionar en 2025.

Este instituto se encargará de investigar el estado actual de los salares y el impacto de los distintos métodos de extracción de litio, además de monitorear los acuíferos ya que la extracción de litio evapora miles de litros de agua.

Salmones y el mar

En el otro extremo del país, en las frías aguas de la región de Magallanes, el 2025 comienza en medio de conflictos, proyectos de ley y procesos judiciales por el avance de la salmonicultura, que ya ha dejado daños ambientales en regiones de la Patagonia norte.

2024 fue el año en que el impacto de la salmonicultura en el sur del país se difundió por el mundo, en lugares como el Times Square y en reportajes del New York Times y del Washington Post, que recomiendan a sus lectores preferir salmón de otros países para reducir el impacto ambiental de su consumo.

En la región de Magallanes, comunidades indígenas acusan que la industria salmonera ha desatado una campaña de desinformación contra la Ley Lafkenche, que permite a los pueblos indígenas proteger y administrar en conjunto con las comunidades ciertas áreas costeras que sus pueblos hayan habitado ancestralmente.

También se les acusa de intervencionismo en la consulta indígena que se está desarrollando para crear planes de manejo de la Reserva Kawésqar, el Parque Kawésqar y el Parque Bernardo O’Higgins. Esto porque hay concesiones salmoneras dentro de las aguas protegidas de estos parques, y sus planes de manejo podrían limitar la actividad, si se considera que es ajena a los objetos de protección de cada área.

Especialistas han criticado esfuerzos de congresistas para modificar la Ley Lafkenche, y también un intento por dejarla sin efecto a través de una indicación en la Ley de Presupuesto para 2025. La indicación fue calificada como “trampa chantajista” por la diputada Emilia Nuyado, y el Tribunal Constitucional está investigando requerimientos de organizaciones y diputados para declarar inconstitucional la indicación.