Diputados, ambientalistas y comunidades indígenas han levantado la alerta en los últimos días por una indicación aprobada por parlamentarios de oposición en la ley transitoria de presupuesto, que dejaría sin efecto la Ley Lafkenche. Esta ley, entrega la protección de mares a pueblos originarios que comprueben un uso ancestral de dichas aguas.

“Claramente aquí hay presiones de los sectores empresariales y de la industria pesquera que pretenden burlar la ley Lafkenche y eso no lo vamos a permitir. Aquí la oposición demuestra que tienen ningún respeto por los derechos de los pueblos originarios y que tampoco le interesa establecer un diálogo para lograr la Paz”, declaró la diputada mapuche Emilia Nuyado.

Nuyado lideró un grupo de 41 parlamentarios y parlamentarias oficialistas que firmaron un requerimiento enviado al Tribunal Constitucional, solicitando que se declare inconstitucional el artículo en cuestión.

¿Qué dice la indicación?

Según explica Christian Paredes, abogado del Observatorio Ciudadano, la indicación “pasa por encima de la ley Lakenche y la modifica de facto”, en dos sentidos.

Por un lado, suspende el ingreso de nuevas solicitudes para crear Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) durante un año, que es lo que dura la ley transitoria de presupuesto.

“En segundo lugar, y a mi juicio lo más grave, es que da por rechazadas todas aquellas solicitudes de ECMPO que estén en tramitación y que no se resuelvan dentro de seis meses. Muchas de estas solicitudes llevan hasta 5 o 6 años de tramitación y se encuentran estancadas por causas que escapan a las comunidades, y que tienen que ver con la lentitud de los organismos públicos para tramitarlas”, explica Paredes.

“Esta situación es grave, porque constituye un acto de discriminación racial, vulnera el derecho a la consulta previa y resulta regresivo en cuanto al reconocimiento de derechos en contra de los pueblos indígenas. Además, la indicación atenta contra la naturaleza y objetivos de la Ley de Presupuestos”, declara por su parte la abogada ambiental de la ONG FIMA, Karla Vargas.

Conflicto con salmoneras

En los últimos dos años han existido diversos intentos por modificar la ley Lafkenche a través de proyectos de ley, de la mano con una campaña comunicacional por parte de la industria salmonera en contra de esta normativa.

La Ley Lafkenche no es excluyente ni entrega el uso total del espacio a un solo actor, como si lo hacen otras concesiones costeras. En este caso, los administradores del espacio deben coordinarse con pescadores y otros sectores interesados, y también deben cumplir requisitos de cuidado de la biodiversidad en los ECMPO. Tampoco se puede impedir dentro de estas áreas la actividad de concesiones industriales que ya hayan sido otorgadas.

Lo que sí se puede hacer en estos espacios, y que es la razón de conflicto con la industria salmonera, es frenar el otorgamiento de nuevas concesiones hasta que no se termine de tramitar el espacio, lo que en algunos casos ha demorado más de 7 años. Esto ha puesto un límite a la rápida expansión salmoneras en mares que han sido usados por pueblos indígenas durante generaciones.

Abogados ambientales alegan que la forma de acortar los plazos de aplicación de esta ley está en manos de organismos públicos que hoy en día se alargan en la tramitación de los espacios, y también critican que existan intentos de modificar la ley sin pasar por una consulta indígena, como lo estipula el convenio 169 de la OIT para los procesos que afectan directamente la vida de comunidades indígenas.