En abril de 2021, un empresario chileno falleció inesperadamente por un paro cardiorrespiratorio.

Su muerte no solo dejó un vacío en su familia, sino que también desató una serie de acciones que terminaron en un escándalo judicial.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, pocos días después de su fallecimiento, su pareja en ese entonces, comenzó a realizar transferencias desde la cuenta bancaria del empresario hacia su propia cuenta y las de personas cercanas a ella.

Del total defraudado, una parte significativa, equivalente a $78.736.539, fue transferida directamente desde la cuenta bancaria del fallecido a la cuenta personal de la mujer italiana.

El resto, hasta alcanzar los $107.121.539, se distribuyó en diversas transferencias a cuentas de terceros, todos ellos vinculados a la imputada.

Estas operaciones incluyeron montos variables, que iban desde los $200.000 hasta los $21.000.000, generando un perjuicio económico que afectó directamente a los herederos legales del empresario.

La historia tomó un giro internacional cuando la esposa italiana abandonó Chile y se instaló en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Desde entonces, ha permanecido fuera del alcance de la justicia chilena, mientras las autoridades investigaban el caso y formalizaban cargos en su contra por los delitos de apropiación indebida y uso fraudulento de transacciones electrónicas.

El pasado 5 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud de extradición presentada por el Ministerio Público.

Esta medida busca que la mujer italiana sea detenida en Dubái y traída de regreso a Chile para enfrentar un juicio por los delitos que se le imputan.

Aunque no existe un tratado de extradición entre Chile y Emiratos Árabes Unidos, la Corte utilizó principios del derecho internacional que permiten avanzar en casos como este.

Según lo señalado por la Corte, los delitos por los que se acusa a la mujer italiana están sancionados tanto en Chile como en Emiratos Árabes Unidos con penas que superan un año de cárcel.

Además, la justicia chilena argumentó que existe un alto riesgo de fuga y que la acción penal aún está vigente, ya que no ha pasado el plazo legal para que los cargos prescriban.

El siguiente paso será que el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno coordine con sus pares en Dubái las gestiones necesarias para lograr la detención de la mujer italiana y asegurar su comparecencia ante la justicia chilena.