Este 29 de octubre fue la primera ocasión en que se conmemoró el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, dando pie a una doble oportunidad, primero, la de hacer una pausa y reflexionar sobre la necesidad de reconocer el valor de los cuidados para el desarrollo individual y social; y segundo, para revisar los avances y los desafíos que como país tenemos por delante en esta materia.

Sobre los avances, si bien existen en Chile políticas públicas de varias décadas que abordan aspectos centrales del cuidado, fue recién en los pasados procesos constituyentes en los que este asunto tomó un lugar central en el debate público. De hecho, concitó gran adhesión ciudadana en torno a las iniciativas populares presentadas, principalmente como una forma de asegurar la igualdad de género, porque -como sabemos- el trabajo de cuidados no remunerado es realizado principalmente por mujeres.

Ambos borradores constitucionales incluyeron disposiciones sobre cuidados, aunque con aproximaciones muy diferentes. Mientras que el texto constitucional de 2022 incluía un derecho fundamental al cuidado y reforzaba un mandato estatal de corresponsabilidad social y de género, el texto de 2023 concebía el cuidado como un deber de la familia.

Tras el rechazo de los textos constitucionales propuestos, afortunadamente, la temática no quedó rezagada. El actual Gobierno presentó recientemente un proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Boletín N°16.905-31), actualmente en tramitación.

Este proyecto reconoce un derecho legal al cuidado y busca implementar un sistema integrado de políticas públicas para satisfacer las necesidades de las personas con dependencia severa y sus cuidadores. Sin embargo, ciertas indicaciones presentadas por parlamentarios dejaron en evidencia que la aparente dicotomía Estado versus familia sigue presente.

En tal sentido, uno de los principales retos es comprender que los cuidados no son un deber exclusivo de las familias. De lo contrario, se profundiza la actual distribución injusta de los cuidados, toda vez que las familias -y las mujeres en las familias- no debieran ser las únicas responsables de aquellos.

Asimismo, el proyecto de ley de Sala Cuna Universal (Boletín N°14.782-13) busca extender este derecho a madres trabajadoras independientes, a padres trabajadores y otros cuidadores. En materia laboral, a consecuencia de la pandemia, se crearon nuevos permisos y beneficios para cuidar, y se extendió el permiso postnatal por emergencia sanitaria. Además, este año se publicó la Ley N°21.645 que establece derechos específicos para las y los trabajadores con responsabilidades de cuidado, incluyendo la opción de teletrabajo.

Sin perjuicio de los avances legislativos descritos y el mayor posicionamiento de la temática en el debate público, máxime porque es cada vez más palpable la crisis de los cuidados, continúan al menos cuatro desafíos pendientes:

• Primero, reconocer a los cuidados como un derecho fundamental a cuidar de otros y a recibir cuidados.

• Segundo, disminuir el tiempo dedicado al mismo, fundamentalmente aquel destinado por las mujeres.

• Tercero, retribuirlo, cuidando que no sea considerado un trabajo de segunda clase.

• Cuarto, cambiar su carga entre las personas según su género, para que sea una responsabilidad social.

Esto es, que sea el resultado de la suma de esfuerzos, tanto de las familias, las comunidades, el mercado y el Estado. Lo que, en resumidas cuentas, se conoce como las cuatro R: reconocerlos, reducirlos, remunerarlos y redistribuirlos.