Un hombre mayor y víctima de tortura y prisión política en 1973, había recibido una sentencia que ordenaba al Estado pagarle $45.000.000 como compensación por los abusos que sufrió durante la dictadura.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta indemnización fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago y respaldada por el Ministerio de Justicia, que ordenó a la Tesorería General de la República que le pagara el monto completo, incluyendo intereses.

Sin embargo, cuando este hombre recibió el pago, notó que la Tesorería había descontado $7.943.139, argumentando que se trataba de deudas fiscales antiguas, de 1996 y 1997.

Estas deudas, según la Tesorería, justificarían la retención de parte del dinero. El hombre, quien no tenía información clara sobre estas supuestas deudas, intentó sin éxito obtener explicaciones.

La Tesorería General de la República no le dio detalles suficientes ni pruebas de la existencia y vigencia de esas deudas, lo que generó frustración y preocupación en este hombre.

Ante esta situación, el adulto mayor presentó un recurso de protección, solicitando que se le devolviera la suma descontada, ya que consideraba que la retención vulneraba su derecho a recibir la compensación completa que había sido ordenada por los tribunales.

Inicialmente, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su solicitud, argumentando que el caso debía tratarse en el tribunal civil que había llevado el juicio original.

Este hombre llevó el caso a la Corte Suprema, que finalmente le dio la razón. La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Santiago y ordenó que el recurso de protección fuera aceptado y revisado.

El fallo señaló que los hechos presentados por el hombre podrían constituir una violación a sus derechos fundamentales y, por lo tanto, merecían ser investigados.

Ahora, el caso seguirá su curso en los tribunales para que este hombre tenga la oportunidad de recuperar el dinero que considera fue retenido injustamente por la Tesorería.