TGR negó teletrabajo a funcionaria con 55% de discapacidad: Decisión fue revertida por la justicia
Agencia Uno

TGR negó teletrabajo a funcionaria con 55% de discapacidad: Decisión fue revertida por la justicia

Por: Horacio Gutiérrez Areyte | 09.10.2024
La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a la Tesorería General de la República permitir el teletrabajo a una funcionaria con discapacidad, tras constatar la falta de accesos adecuados en su lugar de trabajo en Osorno.

Una abogada de la Tesorería Provincial de Osorno, presentó un recurso de protección contra la Tesorería General de la República después de que se le negara la posibilidad de trabajar desde casa.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta trabajadora tiene un 55% de discapacidad física, lo que le dificulta acceder a su lugar de trabajo, ya que este no cuenta con rampas ni acceso adecuado para personas con movilidad reducida.

Su solicitud de teletrabajo fue rechazada, a pesar de que el edificio tiene una escalera que impide su acceso sin ayuda.

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La funcionaria, que además padece fibromialgia y trastorno bipolar, explicó que trabajar desde casa le ayudaría a reducir sus licencias médicas, ya que las dificultades físicas le impiden asistir regularmente al trabajo.

También expresó su preocupación de que su estado de salud pudiera ser considerado incompatible con su cargo.

Ante esta situación, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de esta trabajadora, señalando que la Tesorería actuó de manera arbitraria al no facilitar el teletrabajo en un contexto donde el edificio no es accesible para personas con discapacidad.

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La Corte recordó que la ley exige que todos los edificios de uso público deben ser accesibles para todas las personas, especialmente para aquellas con movilidad reducida.

El tribunal determinó que la Tesorería General de la República deberá permitir que esta mujer trabaje desde casa de forma flexible hasta que se adapten las instalaciones del edificio para cumplir con las normas de accesibilidad universal.

Además, la Corte destacó que el Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos, y que en este caso se vulneró el derecho a la igualdad ante la ley, ya que no se consideraron las necesidades especiales de la funcionaria.

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