Este jueves, la concejala Macarena Fernández (FA) denunció un supuesto intento de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de traspasar $321 millones de pesos a la Universidad San Sebastián (USS), recursos que deberían ser destinados originalmente a un programa de drogas.

Según la normativa, los municipios están obligados a destinar una parte de los dineros recaudados de las multas por infracción a la ley de alcoholes a este tipo de programas.

De acuerdo con investigaciones de Fernández, la actual candidata presidencial de la derecha llevaría 7 años sin invertir en programas de prevención del consumo de alcohol.

A lo que va del año Matthei ha invertido 0 pesos, sostiene la concejala, exponiendo una gráfica que da cuenta de los montos recaudados del municipio por multas.

Una solicitud vía Transparencia da cuenta de que los $321 millones serían transferidos a la Universidad San Sebastián (USS).

Esto como parte del programa "embajadores del cambio", dirigido a estudiantes de entre 6 y 12 años de edad, que busca fortalecer factores de protección individuales, colectivos y ambientales.

Este programa no guarda relación con la prevención del consumo de alcohol, más bien se trataría de una iniciativa de "formación política", asegura Fernández.

Finalmente, la concejala solicita congelar cualquier vínculo del municipio con la USS, además de exigir la "transparencia total" que relaciona a Matthei con la casa de estudios.

"Como concejala presentaré un oficio para que la alcaldesa explique con claridad qué se busca con esta nueva vinculación con la U. San Sebastián. ¡Los vecinos y las vecinas exigimos conocer de manera transparente cómo y con qué fines se usan los recursos municipales", finaliza.

La USS ha estado en la mira estos días tras revelarse el pago de una remuneración mensual por 17 millones a la actual candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos.

El pasado miércoles, el exministro Andrés Chadwick también anunció su renuncia a la Junta Directiva de la casa de estudios tras ser catalogado como "motor del tráfico de influencias" en la acusación constitucional ingresada por partidos oficialistas, junto a la DC, en contra de la ministra de la Corte, Ángela Vivanco.

Foto de portada: Agencia Uno.