Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, tres mujeres fueron detenidas y sometidas a torturas por agentes del Estado.

Años después, buscando justicia, las tres mujeres llevaron su caso a los tribunales. La Corte de Apelaciones de Santiago ha dictaminado que el Estado debe compensar a cada una de ellas por el daño moral sufrido durante ese período.

El fallo, emitido por unanimidad por la Cuarta Sala del tribunal y registrado bajo la causa rol 14.198-2023, confirmó una decisión anterior del 11º Juzgado Civil de Santiago.

El tribunal, compuesto por la ministra Inelie Durán, la fiscal judicial Macarena Troncoso y el abogado Waldo Parra, determinó que el Fisco debe pagar un total de $40.000.000 repartidos entre las tres mujeres.

El monto asignado se distribuyó de la siguiente manera: una de ellas recibirá $20.000.000, mientras que las otras dos recibirán $10.000.000 cada una.

Esta decisión se basó en evaluar cuánto tiempo cada mujer estuvo detenida y la gravedad de los sufrimientos que experimentaron.

“En cuanto a esto último, considerando que quienes demandan reclaman el resarcimiento de su propio daño, esto es, se trata de víctimas directas del delito penal cometido en su contra por agentes del Estado, es posible inferir que se ha verificado a su respecto una lesión de especial intensidad conforme a la prueba aportada. Empero, la regulación correlativa también debe guardar algún grado de correspondencia con determinaciones efectuadas por esta misma Corte en casos semejantes”, menciona el fallo judicial.

La corte reconoció las dificultades para calcular cuánto dinero puede compensar el daño emocional y psicológico causado, pero se esforzó por llegar a una cifra que consideraron justa, basándose en experiencias anteriores y en un sentido de equidad.