A través de un comunicado, diversas asociaciones sindicales que forman parte del Ministerio Público acusaron al senador, Pedro Araya (IND), de querer "instalar operadores políticos", tras una indicación de su autoría ingresada al proyecto de ley que busca fortalecer la institución.

Por otro lado, los 3.535 trabajadores se declararon en estado de alerta por la crisis de seguridad pública que afecta al país e insistieron a parlamentarios del Senado que aprueben la actual propuesta normativa.

La indicación ingresada por el senador Araya propone ampliar las facultades para desvincular a funcionarios por "razones de la institución".

Esta propuesta buscaría "generar vacantes en la planta y permitir la instalación de operadores políticos al interior de la institución", se señala en el comunicado.

En la misma línea, afirman que este tipo de indicaciones representa un retroceso respecto a los intentos del Estado por reforzar a la institución.

"Proponer mecanismos que vulneran la estabilidad laboral cuando los esfuerzos del gobierno apuntan hacia el fortalecimiento de los equipos investigativos, es una contradicción que atenta contra los esfuerzos que realiza el Estado para superar la crisis", expresan.

Por otro lado, acusan el ingreso de otras indicaciones que otorgan mayores atribuciones el Fiscal Nacional.

"Así mismo se introducen indicaciones que establecen facultades exorbitantes para el Fiscal Nacional y mecanismos que atentan contra la autonomía constitucional del Ministerio Público perjudicado el adecuado cumplimiento de su función en un estado de derecho".

En total, son ocho las organizaciones sindicales que agrupan a los y las funcionarias del Ministerio Público: ANFUMIP, AFFREMOR, AFFREMCEN, AFFREMSUR, ASFFRO, AMPRO, AFRA Y AFUNSUR.

Debido a la crisis de seguridad, que experimentó un nuevo episodio culminante el pasado fin de semana tras los 17 homicidios ocurridos en la Región Metropolitana, las organizaciones sindicales solicitan con "urgencia" la tramitación del proyecto de ley.

El llamado apunta directamente a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del senado para que aprueben la propuesta.

Esta iniciativa entregaría mayor número de dotación de funcionarios y de fiscales adjuntos.

Finalmente, concluyen "nos declaramos en estado de alerta nacional y no descartamos futuras movilizaciones".