Más de 100 familias damnificadas por el megaincendio en Viña del Mar y Quilpué están solicitando la anulación temporal de los cobros de electricidad. La petición, respaldada por la diputada Carolina Marzán (PPD), busca aliviar la carga financiera de los hogares afectados mientras se recuperan del desastre.

La ONG "Sobrevivientes Megaincendio en Unión 2 y 3 de febrero 2024", que representa a estas familias, argumenta que la medida permitiría a los damnificados centrarse en la reconstrucción de sus vidas sin la presión adicional de las facturas eléctricas.

La diputada Marzán hizo un llamado a Chilquinta, la empresa eléctrica de la región, para que considere implementar medidas similares a las adoptadas por ESVAL, la compañía de agua. ESVAL ha ofrecido gratuidad de su servicio hasta diciembre de 2024 para los hogares afectados y las ollas comunes que apoyan a la zona siniestrada.

"Sería generosamente humano que Chilquinta replique la gestión de ESVAL para las familias que tanto lo necesitan", expresó Marzán.

La parlamentaria también ha oficiado a diversas autoridades de gobierno, incluyendo al ministro de Energía, Diego Pardow, y a la Superintendenta de electricidad y combustibles, Marta Cabezas. El objetivo es que Chilquinta transparente los cobros realizados e informe sobre los criterios y procedimientos utilizados para la facturación de sus servicios.

"(Solicitamos) que se detalle cómo se están calculando sus cobros, especialmente en un contexto tan delicado como el actual, en el que las condiciones de habitabilidad aún no son las adecuadas y en el que muchas familias siguen viviendo en condiciones precarias", añadió la representante del distrito 6.