En un incidente nocturno ocurrido en marzo de 2017, un hombre perdió la vida mientras manejaba un camión de la empresa Sotraser SA, transportando 25 toneladas de cátodos de cobre.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el trágico accidente se produjo en la Ruta G-245, cuando el camión, parte de una caravana de cinco vehículos, aumentó su velocidad, chocando contra un cerro y cayendo a una quebrada a pesar de los esfuerzos de rescate.

La Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo unánime, confirmó la multa de 700 UTM ($46.176.900) impuesta a Sotraser SA por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, responsabilizándola por no cumplir con las normativas de seguridad laboral.

Los magistrados Miguel Vázquez, Lidia Poza y el abogado Jorge Hales desestimaron la apelación de la empresa, que argumentaba una supuesta infracción a los principios de legalidad y tipicidad en la formulación de los cargos por parte del fiscalizador.

La empresa defendió que había cumplido con las obligaciones normativas, argumentando que el accidente, al ocurrir en una ruta pública, no constituía una "faena" que pudiera ser suspendida según los estándares típicos de un lugar de trabajo.

Además, Sotraser cuestionó la aplicación de ciertas exigencias que, según ellos, no estaban claramente estipuladas en la ley, como la realización de análisis seguro de trabajo en terreno y el registro de condiciones de seguridad.

Sin embargo, el tribunal sostuvo que las multas eran justas y se ajustaban a derecho, indicando que las acciones de la empresa no habían desvirtuado la legalidad de la sanción aplicada.