Hace 27 días el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue se encuentra en prisión preventiva, en medio de la investigación por presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos públicos en lo que se ha denominado caso Farmacias Populares.

Unas medidas cautelares que iban a ser revisadas en la mañana del viernes 28 de junio en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, pero fue postergada y se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de julio. Aunque no se iba a discutir su salida del Anexo Capitán Yáber, donde se encuentra recluido, sino más bien la solicitud que se prohibiera celebrar actos y convenios a raíz de sus 5 propiedades y un auto.

Aunque lo que, si se pudo realizar fue sumar al abogado penalista Juan Carlos Manríquez -de extensa trayectoria en casos de alto complejidad y que también defiende al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz y a la familia de Ronald Ojeda- con el objetivo de sacarlo de prisión preventiva.

CCHDH carga contra el Ministerio Público

En ese contexto de juicio a Daniel Jadue es que la Comisión Chilena de Derechos Humanos emitió una declaración pública este sábado 29 de junio donde critica al Poder Judicial por vulnerar principios constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad provisional.

“Nos preocupa la proporcionalidad y necesariedad de las medidas cautelares personales, como la prisión preventiva”, señala la declaración. Sin embargo, la Comisión denuncia que ciertos fiscales y tribunales están politizando la justicia y utilizando prácticas de “Lawfare” para cargar la ley con mayor vehemencia contra ciertos imputados lo que queda de manifiesto, según la Comisión, en el caso de Daniel Jadue.

La CCHDH asegura que en este proceso judicial se han transgredido normas legales y constitucionales, así como normas del derecho internacional de derechos humanos.

La declaración cuestiona al Ministerio Público por no dirigir la investigación de manera objetiva, buscando tanto pruebas de culpabilidad como de inocencia del imputado. “La fiscalía en este caso, parece solamente preocuparse por buscar lo que puede servir para la acusación del imputado”, se lee en la declaración. Además, de cuestionar la legalidad de las medidas privativas de libertad, señalando que no se cumplen los requisitos para imponer la prisión preventiva.

Uso extensivo de la prisión preventiva

Además, desde la CCDH consideran grave que tanto la jueza de Garantía como la Corte de Apelaciones de Santiago hayan hecho un uso extensivo de la prisión preventiva, una medida que debería ser excepcional según la normativa de derechos humanos. “Este uso indebido de instrumentos judiciales parece dar la razón a quienes sostienen que estamos ante un claro caso de Lawfare”, afirma la declaración.

Finalmente, desde la Comisión hacen un llamado a que las instituciones cumplan debidamente con su función y respeten el ordenamiento jurídico vigente. “La legitimidad de las instituciones es una necesidad urgente y un requisito indispensable para el establecimiento de una sociedad verdaderamente democrática”, concluye la declaración.