El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, inició este lunes una huelga de hambre en la cárcel de Concepción, donde cumple una pena de 23 años de cárcel por delitos de incitación y apología a la violencia, usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad.

En un comunicado Llaitul, quien fue condenado el 7 de mayo, "exigió" la nulidad del juicio y que el recurso que presentó hace unas semanas para lograr aquello sea revisado por la Corte Suprema porque, según él, "es quien debiese pronunciarse" tanto por la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado como por "la utilización de testigos protegidos para el logro de una larga e injusta condena".

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También pidió "condiciones carcelarias dignas y de respeto a los derechos humanos de los presos políticos mapuche” y "la libertad" de sus hijos Ernesto y Pelentario Llaitul, ambos en prisión preventiva e imputados por diversos delitos, en causas separadas, en las regiones sureñas del Biobío y La Araucanía.

Su detención y posterior encarcelamiento se enmarcan en una investigación abierta en 2020 por el Gobierno del fallecido Sebastián Piñera (2018-2022), tras la presentación de una querella por unas polémicas declaraciones de enero de ese año mientras se juzgaba a otro militante de la CAM.

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"Hacemos un llamado a nuestras comunidades a estar activos en relación a lo que es la confrontación, principalmente, en contra de las empresas forestales”, advirtió entonces Llaitul.

En julio de 2022, pocas semanas antes de ser detenido y ya bajo la Administración del progresista Gabriel Boric, el Gobierno decidió ampliar la querella.

Según la prensa local, Gendarmería indicó que el dirigente mapuche "está siendo monitoreado" por el equipo de salud del penal.

En el sur de Chile, las regiones de La Araucanía y el Biobío son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.

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El presidente Boric, que durante su campaña prometió la desmilitarización de la zona implementada por Piñera, su predecesor, decretó el estado de excepción en el territorio en mayo de 2022 y desde entonces ha mantenido el Ejército desplegado en la región bajo el argumento de que han disminuido los delitos de violencia rural en la zona.

Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias fórmulas más transversales y de largo plazo, mientras que la derecha defiende la medida.

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