El 11 de noviembre de 2021, a las 15:00 horas, un cliente estacionó su camioneta en un recinto de estacionamiento "SABA" en Valparaíso.

Dentro del vehículo dejó varios instrumentos de medición y certificación, incluyendo un analizador de redes Fluke DTX-1800, un equipo de alto valor.

A las 17:53 horas, recibió un correo electrónico del proveedor instándole a dirigirse al estacionamiento. Al llegar, le informaron que su camioneta había sido violentada, notando que el vidrio lateral derecho estaba roto y que el analizador había sido robado.

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El cliente solicitó ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero le informaron que en esa zona específica no había cámaras instaladas.

Ante la falta de evidencia visual, procedió a denunciar el incidente ante carabineros y presentó un reclamo al estacionamiento.

La respuesta del estacionamiento fue que adoptaban todas las medidas de seguridad necesarias y que la seguridad debía ser una responsabilidad compartida entre la empresa y el usuario.

Además, ofrecieron reembolsar los costos de reparación del vidrio roto o el deducible del seguro, lo cual el cliente encontró insuficiente.

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Como resultado, el cliente interpuso una demanda civil, acusando a la empresa de estacionamientos de incumplir con la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos del Consumidor, solicitando la máxima multa posible y una indemnización total de $32,253,116, que incluye el valor del equipo robado, la reparación del vehículo, lucro cesante y daño moral.

El tribunal inicialmente desestimó la querella y la demanda, pero tras una apelación, la Corte de San Miguel intervino y revocó esta decisión, fallando a favor del cliente.

La Corte destacó que la empresa debía garantizar la seguridad de los bienes dentro de los vehículos estacionados, y la ausencia de cámaras en el área específica era una falla de seguridad significativa.

Finalmente, la Corte ordenó a la empresa pagar una indemnización por daños y perjuicios de $9.359.913, y resaltó la necesidad de que las empresas de estacionamiento adopten medidas más estrictas para proteger tanto los vehículos como los objetos de valor dentro de ellos. La decisión aún está sujeta a posibles recursos, lo que podría modificar el fallo final.

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