Un empleado del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se encuentra en el centro de una decisión judicial tras ser sancionado por la desaparición de un televisor de la bodega que supervisaba.

La situación comenzó cuando se revisó el inventario y se dieron cuenta que faltaba un televisor, el cual no había sido reportado como perdido por el empleado.

Esto llevó a una investigación interna que concluyó que el empleado no había cuidado adecuadamente los bienes del estado que estaban bajo su responsabilidad.

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Como resultado, el empleado fue multado con el 10% de su sueldo y se le puso una nota de demérito en su registro laboral.

No conforme con la decisión, intentó defenderse y presento un recurso de protección ante la Corte de Arica, argumentando que la sanción no había considerado sus explicaciones ni circunstancias que podrían haber reducido la severidad del castigo.

Además, el funcionario pidió que se anulara la multa, alegando que se había sido injusto y que no se habían considerado todos los detalles antes de sancionarlo.

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Sin embargo, la Corte de Arica y luego la Corte Suprema revisaron el caso y decidieron que no había razón para cambiar la sanción.

Según las cortes, todo el proceso de investigación y sanción se hizo siguiendo las reglas y que no se había cometido ningún error que justificara quitarle la multa al empleado.

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