La Contraloría General de la República recibió una denuncia sobre eventuales irregularidades en asignación de recursos por parte de la Comisión Nacional de Riego (CNR), lo que derivó en una auditoría que detectó anomalías en los montos de financiamiento de proyectos, además de conflicto de intereses y eliminación de facturas.

Cabe señalar que la CNR administra la Ley Nº18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, la que, a través de concursos, entrega recursos para el desarrollo agrícola de los productores del país.

Además, la Comisión Nacional de Riego cuenta con un Consejo de Ministros en el que intervienen los titulares de Agricultura –quien lo preside-; Economía, Fomento y Turismo; Hacienda; Obras Públicas, Medio Ambiente, y Desarrollo Social y Familia. Además, cuenta con una Secretaría Ejecutiva, cuya función principal es ejecutar los acuerdos que el Consejo adopte.

Contraloría realizó una auditoría a la CNR, en la cual seleccionó los tres concursos con los montos más altos entregados durante el año 2022 (802-2020, 802-2021 y 802-2022), con recursos provenientes de la ley N° 18.450, que Aprueba Normas para el Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje.

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“La auditoría se planificó considerando la relevancia que tiene en la ciudadanía la adecuada entrega de las bonificaciones que trata la nombrada ley N° 18.450, sobre todo en el sector agrícola, dada la crisis hídrica y escasez del recurso que afecta el sector agrícola; la relevancia e incrementos de los recursos asignados en los últimos años a la referida ley -cabe agregar que la materia propuesta alcanza al 82,9% del total de los gastos presupuestados 2022-; la denuncia recibida sobre eventuales abultamientos en los costos de proyectos para obtener el financiamiento total de éstos; por haber sido priorizada como estrategia de fiscalización por el Contralor Regional, y a los riesgos detectados durante el proceso de planificación”, señala el informe de Contraloría.

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“Asimismo, a través de esta auditoría, esta Entidad de Control busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS Nos 6, Agua Limpia y Saneamiento; y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, agrega.

Rebaja en los montos de las facturas

Del universo de los tres concursos, que equivale a 243 pagos por un total de 826.938,69 UF, se analizó una muestra de 30 pagos, equivalente al 12% del total, con un monto de 245.814,43 UF, los cuales son los montos más grandes dentro de los concursos más grandes.

En diciembre de 2023, la Contraloría emitió un informe en el que señala que, dentro de estos 30 pagos, detectó casos en los que los montos de las facturas presentadas por las beneficiarias del subsidio fueron rebajados con posterioridad a través de notas de crédito, las que fueron emitidas antes del proceso de acreditación de antecedentes que debía ejecutar la CNR.

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Según el informe, la Comisión Nacional de Riego no advirtió que los montos de las facturas presentadas fueron modificados con posterioridad, procediendo al pago de los subsidios por un total de 16.493,49 UF, equivalente a $600.263.911

El ente fiscalizador verificó similar situación respecto de otros proyectos que obtuvieron recursos por parte de la CNR, en que las notas de crédito fueron emitidas con posterioridad al proceso de acreditación, en la cual se efectuaron pagos improcedentes ascendentes a UF 41.400,59, equivalentes a $1.511.752.894.

Conflicto de interés

Por otro lado, Contraloría también detectó que al menos dos personas contratadas a honorarios por parte de la CNR, también trabajaron como consultores para privados para la adjudicación de recursos.

En el informe se indica que se verificaron dos situaciones en que consultoras, vinculadas a personal contratado a honorarios por la CNR, “respondieron observaciones formuladas por la propia entidad auditada, como parte del proceso de postulación al beneficio”.

“En un caso, la misma persona natural contratada respondió observaciones en calidad de consultora y, en el otro, dio respuesta la empresa individual de responsabilidad limitada creada por la persona contratada”, señala el informe.

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Dichas actividades se realizaron estando vigentes las respectivas contrataciones a honorarios, por lo que Contraloría advirtió de un incumplimiento por parte de las personas contratadas por la CNR a lo dispuesto en el artículo 56 de la ley N° 18.575, que indica que “son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de funcionarios que se refieran a materias específicas que deban ser analizados, informados o resueltos por ellas o por el organismo o servicio público a que pertenezcan”.

El informe de Contraloría tiene como objetivos, a raíz de las irregularidades detectadas, si cuenta con mecanismos y controles que le permitan cautelar una correcta asignación y uso de los recursos destinados. Si los tiene, por qué fallaron al asignar los recursos auditados.

Del mismo modo, el ente fiscalizador busca aclarar si la CNR implementó los procedimientos que permitan evitar eventuales conflictos de intereses entre funcionarios de la entidad y los participantes involucrados en los proyectos.

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Por último, establecer si la CNR tiene un correcto registro de los pagos y documentación que los respalde, además de acreditar si están debidamente ejecutados, a la luz de las irregularidades y ausencia de documentación a los proyectos auditados.

Debido a que en la auditoría se detectó irregularidades en facturas y notas de crédito, el informe fue enviado al Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, debido a que son montos del fisco que no estarían siendo correctamente asignados ni tienen un adecuado seguimiento.

La Comisión Nacional de Riego tiene un presupuesto para el año 2024 cercano a los $120 mil millones. Tomando en cuenta que las irregularidades se detectaron en una pequeña muestra (tal sólo 30 pagos de los concursos más grandes), cabe la posibilidad que existan irregularidades similares en otros proyectos a los que se le adjudicaron recursos.