“Venimos a pedir acciones. Detenga la implementación de los SLEP…. SLEP en inglés significa dormir y eso es lo que está pasando con los colegios de nuestro país”.

La frase corresponde al diputado UDI, Jorge Alessandri, quien el 9 de noviembre de 2023 llegó hasta La Moneda para pedir al Presidente, Gabriel Boric, que frenara la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a raíz de los problemas de infraestructura presentados en el servicio de Atacama.

La frase del honorable evidencia desconocimiento a varios niveles. El más obvio y que fue carne para burlas en las redes sociales fue su juego de palabras sin éxito, pero el desconocimiento más profundo y de real importancia tiene relación con el hecho de que los Servicios Locales de Educación Pública -el cambio más importante y profundo en el sistema de educación pública de la últimas décadas- hayan hecho noticia recién a más de un lustro de su creación y por el poco manejo bilingüe de un parlamentario.

Ese mismo desconocimiento puede ayudar a entender que la Nueva Educación Pública (NEP), creada en noviembre de 2017 al alero de la Ley 21.040, es una política de Estado aprobada de manera unánime por todos los sectores políticos, por lo que, contrario a lo que pretendía el diputado Alessandri, su implementación no pasa por la decisión de un mandatario en particular ni de un partido político.

Política de Estado

Cabe recordar que la ley e implementación del nuevo sistema educativo comenzó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y fue continuado por la administración de Sebastián Piñera y el actual mandato de Gabriel Boric.

Entre la lluvia de declaraciones cruzadas entre autoridades de gobierno y oposición por los problemas de infraestructura presentados en el SLEP de Atacama y que preocupan por el poco tiempo que queda para el regreso a clases, poco y nada se habla de cómo el nuevo sistema viene a cambiar la educación pública que los chilenos conocían hasta ahora.

“Asegura acceso a una educación que te acompaña desde la sala cuna hasta la enseñanza media, con proyectos educativos exitosos con buenos resultados”, dice, en conversación con El Desconcierto, Ignacio Cáceres, Director Ejecutivo del SLEP Santa Corina.

El Servicio Local de Educación Pública Santa Corina tendrá la importante tarea de recibir el servicio educativo municipal de las comunas de Maipú, Estación Central y Cerrillos a contar del 2025, convirtiéndolo en uno de los con mayor número de jardines infantiles y salas cuna a nivel nacional (42), además de gestionar una matrícula de más de 33 mil estudiantes y más de 4.600 trabajadores y trabajadoras.

Remuneraciones

Pese a que a grandes rasgos la NEP viene a terminar con la municipalización de la educación -una de las demandas desde la Revolución Pingüina-, Cáceres prefiere no ocupar el término “desmunicipalización”, debido a que los municipios van a seguir siendo un actor en el sistema educativo.

“No me gusta hablar mucho de desmunicipalización porque justamente lo que está detrás de ese concepto es que el municipio se desentiende. La relación con el municipio es distinta y debe existir porque son parte de la comuna, son vecinos de la comuna. Los estudiantes viven en la comuna. Sus docentes, asistentes, los trabajadores son también vecinos y por lo tanto requieren los servicios que el municipio entrega”, aclara Cáceres.

Antes de la implementación del nuevo sistema, la educación pública estaba a cargo de las municipalidades, lo que tenía como desventaja que la calidad de la educación, la infraestructura de los establecimientos y el pago de remuneraciones a profesores dependía de los recursos que disponía cada municipalidad, generando una brecha entre comunas ricas y pobres.

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Con el nuevo sistema los recursos están asegurados ya que provienen de la Ley de Presupuesto (tal como se financia, por ejemplo, el Poder Judicial), permitiendo el pago oportuno de remuneraciones de los docentes, destrabando así un problema histórico que no ha sido resuelto en varios municipios a lo largo del país.

“Hoy día los municipios tienen que transferir en promedio 3.000, 4.000, 7.000 millones de pesos sólo para cubrir gastos operacionales de remuneraciones e imposiciones. O sea, lo básico. Ese básico hoy los SLEP lo aseguran”, señala Cáceres.

“Lo remarco porque yo soy profesor. Lo que más han demandado históricamente los profesores es que los municipios no pagan los sueldos. Mira lo que pasa en Ancud. Está con un administrador previsional porque estaban pagando el 40% del sueldo”, agrega.

Desarrollo local y nacional

Uno de los aspectos fundamentales de los SLEP es que revitalizan la educación pública como agente de cambio en las comunidades, volviendo a ser una prioridad en el desarrollo a nivel local como nacional.

Esto, porque uno de los valores que tendrán los Servicios Locales es que administrarán solamente educación, a diferencia de la educación administrada por los municipios, donde muchos de ellos, además, tienen que resolver temas de salud, deporte, cultura, servicios básicos, donde el presupuesto no siempre alcanza, imposibilitando darle prioridad, entre otras cosas, a la inversión en infraestructura educativa o el debate pedagógico de cómo avanzar hacia una educación con pertinencia local.

“Los servicios locales te dan la posibilidad de crear proyectos educativos exitosos. También te dan la posibilidad de territorializar la pedagogía, vincularse con el medio. Establecer este trabajo articulado incluso entre establecimientos educacionales sin competir, porque hoy día va a haber un trabajo articulado de si hay un proyecto educativo exitoso que converse con el del lado, puedan ver cómo aprenden mutuamente”, explica Cáceres.

“Hoy día los profesores, las profesoras pueden hablar de pedagogía y debemos hablar todos los profesores de pedagogía”, agrega.

Respecto al vínculo con el territorio y las comunidades, Cáceres pone como ejemplo la posibilidad de participación de distintos organismos dentro del sistema local que se crean gracias a la Ley 21.040.

“Está el consejo local con representantes de docentes, asistentes de la educación, equipos directivos, estudiantes que forman parte de una especie de consejo escolar de todo el territorio, el cual es un órgano consultivo de la dirección ejecutiva”, señala.

Educación pública integral como política de Estado

“Valoro lo que hizo la Comisión del Senado en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda de poder avanzar hacia una fórmula de un nuevo sistema de financiamiento de los que son públicos y también en jardines infantiles”, dice Cáceres, dejando en claro que los SLEP son fruto de un trabajo mancomunado de años de todo el arco político y que está por sobre cualquier gobierno.

En ese sentido, el Director Ejecutivo del SLEP Santa Corina no se queda en la “pelea chica”, sino que amplía la mirada para que la ciudadanía pueda comprender de mejor manera lo que está en juego y que este cambio es un acuerdo nacional de largo aliento donde los últimos tres gobiernos han sido partícipes.

“El expresidente Piñera fue el que más servicios instaló, con los ministros de Educación Gerardo Varela, Marcela Cubillos y Raúl Figueroa. 9 de 11 servicios locales se instalaron durante el gobierno del Presidente Piñera. Dos con los de la Presidenta Bachelet y los primeros cuatro que instala el gobierno del Presidente Boric en Iquique, Magallanes, Aysén y Punilla Cordillera”, señala Cáceres.

“El Estado en su conjunto se tiene que hacer cargo y por eso la importancia de la articulación entre instituciones, gobierno, municipios, gobiernos regionales, empresas privadas, alianzas públicos privadas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Congreso. Todos los actores tienen que ponerse de acuerdo para que esto avance”, agrega.

En esa línea, Cáceres pone como ejemplo los distintos organismos que existen dentro de los SLEP, como, por ejemplo, el Comité Directivo Local, el cual que tiene un rol en la representación de apoderados del gobierno regional y de los alcaldes.

“Tenemos seis meses para crear nuestro primer plan estratégico local que proyecta estratégicamente el servicio a seis años y que es participativo con la presencia de todos los actores de las comunidades, algo que hoy no existe en la Dirección de Educación Municipal (DEM) o corporación. Entonces hay una real participación de las comunidades y del territorio que hoy día se abre gracias a la nueva educación pública”, explica.

El desafío de crecer más que en el último cuarto de siglo

Los problemas de infraestructura en el SLEP de Atacama han originado un fuerte debate, debido al pronto regreso a clases, lo que ha dejado en segundo plano la complejidad de implementar una política pública de tal magnitud que no tiene precedentes en las últimas décadas.

Para Cáceres, lo ocurrido en Atacama es un problema de planificación, tomando en cuenta además la realidad en esa región.

“En el 2012, en la región vivieron un tremendo aluvión. Después de 2015 ocurrió un segundo aluvión que dañó toda la infraestructura escolar. Después de 2017 nuevamente otro tema ambiental. Luego el estallido social, el 2020 la pandemia. Entonces, al final, esos establecimientos llevan muchos años de deterioro sin una mejora sustantiva de su infraestructura, entonces evidentemente en algún momento iba a pasar. El servicio local tiene que hacerse cargo. Yo creo que se están haciendo cargo”, señala.

Respecto al desafío que implica implementar un sistema de esta envergadura, Cáceres trae a la conversación datos que ayudan a dimensionar lo que se tiene en frente y que obviamente trae aparejados ajustes, modificaciones y problemas de los que hay que hacerse cargo.

“Estamos hablando de crear 70 servicios públicos en Chile que no existían. Desde el año 90 hasta el año 2017 se crearon en Chile 34 servicios públicos y entre el 2018 y 2029 se van a crear 70. En 9 años se van a crear el triple de lo que se hizo en 25 años”, señala.

Cáceres reflexiona y está consciente de que el trabajo del Estado es de “enorme magnitud y van a haber correcciones”.

“El tema, yo creo, es que no es bueno para la política, para una política pública como es la educación, que se tomen trincheras justamente para boicotear algo que yo creo que requiere la unidad máxima de todos los actores involucrados, desde el Congreso, el Ejecutivo, los gremios, los estudiantes, es decir, tiene que existir una claridad de que, si esto fracasa, es el sistema en su conjunto el que fracasa y es Chile el que pierde”, cierra.