A raíz de los devastadores incendios forestales que afectaron a las comunas de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, el Ejecutivo ha insistido en la aprobación de la ley de incendios, la que entregaría mayores herramientas al Estado frente a este tipo de siniestros.

En conversación con El Desconcierto, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, afirma que esa ley debería estar hace décadas aprobada.

“Siempre cuando hay este tipo de catástrofe de desgracias se dice que va a ser la última vez. Los políticos dicen en conferencias de prensa que ‘esto nunca más va a suceder’. Son puras sandeces. Es más, esa ley de incendios debiera estar vigente desde hace 20 a 25 años atrás”, dice.

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Cabe recordar que la ley de incendios, la que el Gobierno le puso “urgencia inmediata” en octubre del año pasado, crear nuevos mecanismos y fortalece los ya existentes para reducir los riesgos de incendios forestales.

Propone, entre otras materas, establecer zonas de interfaz urbano-rural forestal. También le da atribuciones a Conaf para coordinar con los municipios la asistencia técnica a los propietarios que lo necesiten.

El consultor urbanístico y ambiental cuestiona que recién ahora, después de la catástrofe ocurrida en la región de Valparaíso, estén hablando de una normativa que debiera existir hace años.

Más allá de la norma que La Moneda intenta impulsar, Herman cuestiona que no haya ningún respeto por la normativa actual, donde “es un deporte nacional el hecho de construir en cualquier lugar”, independiente de que esté prohibido por ley.

“En las quebradas no se puede construir. Eso es de alto riesgo y lo sabe todo el mundo, pero siguen construyendo. Uno ve que la gente está reconstruyendo en los mismos lugares donde estaban sus casas, casas que no debieran haber estado construidas en ese lugar”, cuestiona el profesional.

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Planos reguladores que nadie respeta

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad apunta a la responsabilidad de las autoridades, en particular las municipalidades, por no hacer respetar las normas.

“Para ello debiéramos tener un Estado que cumpla con su rol y me estoy refiriendo a las municipalidades, al propio Ministerio de Agricultura que debiera defender las zonas rurales y al Ministerio de Vivienda. Yo creo que es muy importante antes que nada impedir la reconstrucción en los mismos lugares”, señala.

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Lamentablemente, como expresa Herman, las normas se transforman en letra muerta, lo que tiene como consecuencias las catástrofes como la vivida en la Quinta Región.

“Los planes reguladores permanentemente se vulneran. El tema existe y en ese sentido habrá que encomendarse al cielo para que no vengan nuevos incendios”, dice y recuerda lo que ocurrió con las dunas de Concón, donde los socavones expusieron una serie de irregularidades.

“El plan regulador comunal de Viña del Mar impide la construcción de edificios aislados en altura, en las dunas donde están los socavones. Ahí se violó el plan regulador comunal a vista y paciencia de todo el mundo”, indica.

Herman se refiere a lo que ocurrió con Julio Ventura Becerra, el director de Obras Municipales de Viña del Mar, responsable de dar los permisos de edificación en las dunas de Concón.

“No se puede seguir construyendo aquí edificios en altura, sino solo aterrazados. En este sector la DOH del MOP sucumbió ante los lobbistas que lo presionaron para que cambiara su informe sobre el colector”, señala.

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Falta de una mano conductora efectiva

Herman reconoce que no hay nada que decir de los planos reguladores. El problema, según explica, es que las presiones ejercidas sobre las autoridades competentes es lo que tuerce la ley.

“Los planos reguladores están bien elaborados por profesionales competentes, o sea, todos los planos reguladores están bien hechos. El drama es que no se cumplen y no se cumplen justamente por las presiones de los malandrines”, indica.

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El experto reitera e insiste en las responsabilidades que tienen las autoridades, el sector público, que por diferentes razones no hacen cumplir la ley, pese a que es su rol, precisamente para que no ocurran este tipo de desastres como el de la Quinta Región, la que vale recordar, costó la vida de 131 personas y dejó cerca de 7.000 damnificados.

“Ahí es donde falta la mano del sector público. El sector público por lenidad, por la flojera u otra razón, no exigen el cumplimiento establecido en los planes reguladores, ya sea intercomunales que es el caso del PREMVAL (Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso) o comunales como son los casos de estas tres comunas que en este momento están sufriendo”, cierra.

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