El Ministerio de Desarrollo Social (MDSF) anunció que a partir del 31 de enero de 2024 el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) pasará por una serie de cambios que incluyen disminución de plazos y actualización de criterios para planes de emergencia, esto con el fin de agilizar el avance de proyectos de impacto social como sistemas de agua potable en sectores rurales, electrificación y otros que tienen directa incidencia en la vida diaria de las personas.

Como principal labor, según la web del MDSF, el SNI "norma y rige el proceso de inversión pública de Chile. Reúne las metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de las Iniciativas Inversión (IDI) que postulan a fondos públicos", y es actualmente el responsable del avance de distintas iniciativas como el acceso al agua limpia y potable para pequeñas comunidades, alcantarillado, pavimentación, implementación de ciclovías y veredas, semáforos, multicanchas y otros.

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Modificaciones son las siguientes:

1.- Formalización de la eximición de evaluación de proyectos de menos de 5 mil UTM para el año presupuestario 2024: Con las municipalidades en mente, se buscará acortar el tiempo de trámite de proyectos que signifiquen un gasto inferior a las 5 mil UT, calculado hasta 2023.

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Agregan que "estos proyectos no requerirán de la presentación de indicadores de rentabilidad social y sólo deberán enviar un oficio de ingreso al Sistema Nacional de Inversiones junto con los antecedentes del proyecto y la ficha IDI directamente a la Dirección de Presupuestos para solicitar la identificación presupuestaria". 

2.- Agilización de Proyectos de Agua Potable Rural: Se busca considerar particulares en iniciativas que busquen brindar servicios de agua potable, "aplicando proporcionalidad en las fases de ejecución, diseño y preinversión".

3.- Actualización de las Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIP) para el proceso de inversión pública 2024: Verán cambios las NIP para el proceso presopuestario de 2024, considerando las que fueron formalizadas para el proceso de 2023, a través de tres consideraciones.

• Incorporación del concepto de PROPORCIONALIDAD en la evaluación ex ante con el objetivo de "reducir los plazos en la gestión de proyectos simples, de bajo riesgo y monto, frecuentemente postulados por municipios. La proporcionalidad en la evaluación facilitará la ejecución ágil de estas iniciativas, promoviendo el desarrollo local de manera eficiente, acelerando la inversión".
• Actualización de criterios para proyectos relacionados a EMERGENCIAS, que considera procedimientos de ayuda y socorro en catástrofes, sin esperar un Decreto Supremo del Ministerio del Interior, en servicios públicos de educación y salud.

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• Racionalización de Procesos en "REPOSICIÓN”, busca mejorar la claridad en proyectos que tengan como objetivo la reposición o renovación de servicios. "En contexto de reconstrucción, una reposición en el mismo lugar, con la misma capacidad y calidad, debiera tener los procedimientos más abreviados posibles", ejemplifican.
• Procedimientos especiales para el proceso de NORMALIZACIÓN, considera la evaluación de cumplimiento de normativas que no existían el momento de la puesta en marcha de distintas iniciativas, con el fin de otorgar "mayor facilidad en el planteamiento por parte de instituciones formuladoras y financieras".

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4.- Actualización de metodologías: Para optimizar la formulación de los proyectos, "se desarrollará la metodología y el procedimiento para pilotear los planes maestros multisectoriales liderados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde la preinversión se realiza de manera conjunta por diversos sectores".

5.- Otro cambio esperado es la armonización de la metodología, convirtiéndola en troncal, buscando de esta manera corregir la atomización que afirman "no comprende" los distintos sectores.

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