Modificaciones al código procesal penal, el avance de los protocolos para entrevistas videograbadas y fugas, y el impacto de la prisión preventiva en el funcionamiento del sistema fueron algunos de los temas tratados en la primera sesión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en este 2024.

Una instancia integrada por las principales autoridades e instituciones del sector, y encabezada por el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero, que se reunió para evaluar el trabajo realizado durante el 2023 y los desafíos para el 2024.

El secretario de Estado valoró la Comisión como una oportunidad de diálogo y coordinación interinstitucional, especialmente en el contexto de la implementación de las reformas legales que buscan mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia penal. "Esta instancia es fruto de una experiencia positiva de coordinación de las instituciones en el contexto de la implementación de la reforma procesal penal, pero con los años también se ha ido transformando en una instancia de diálogo y conversación para resolver temas de gestión", aseguró.

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Además, la Comisión también contó con la asistencia del subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y representantes de Carabineros, la PDI, Gendarmería, Colegio de Abogados, del Servicio Nacional de Menores y del Servicio de Reinserción Social Juvenil.

Prisión Preventiva

Una instancia que había venido precedida por un cruce de declaraciones entre dos integrantes de la Comisión, el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, por el caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien fue formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, pero no quedó en prisión preventiva.

Ante esto el secretario de Estado aseguró a TVN que es respetuoso de la independencia judicial, “porque así como tenemos este caso, tenemos casos donde se han otorgado prisiones preventivas”.

Aunque “en la evolución en general. Nosotros tenemos hoy día un abuso de la prisión preventiva. Cuando tenemos un abuso de la prisión preventiva y aumenta las personas privadas de libertad, a usted le impide razonablemente hacer dos cosas dentro de la cárcel”.

En tanto, el Fiscal Nacional se mostró en desacuerdo con estas declaraciones "porque me parece que los tribunales chilenos actúan conforme a derecho. En desacuerdo también porque tal como el presidente de la Corte Suprema manifestó, en 8,5 de cada diez veces los juzgados de Garantía acogen las peticiones de prisión preventiva a los fiscales y nueve de cada diez veces el Poder Judicial acoge esas peticiones”, aseguró en Canal 13.

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Funcionamiento del sistema judicial

En ese contexto, tras la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, ambas autoridades fueron consultadas en torno a las medidas sustitutivas de cárcel.

Mientras que Valencia aseguró que en su próxima cuenta pública apelaran por que se cumpla o se abone como día de condena el sistema de arresto domiciliario, nocturno o total.

A su vez, el ministro Cordero detalló que "el problema que tiene el sistema penitenciario hoy día no solo es el aumento de la prisión preventiva, hay otro aspecto que también es relevante, que tiene que ver con que las sucesivas modificaciones legales para reducir los beneficios de la libertad condicional, lo que provocan es que el sistema genere congestión adicional a la tradicionalmente que tiene".

Además, "tenemos un problema con el reagendamiento y es que hay una demora en la realización de los juicios. Sumado a lo que el promedio de duración de la prisión preventiva está aumentando. Es decir, el stock de personas dentro de la cárcel está teniendo más tiempo del que habitualmente tenía", agregó.

Mientras que, sobre el arresto domiciliario, "el Ejecutivo comparte con el Fiscal Nacional. La opinión nuestra es que el cómputo de días que se realiza o que se abona con posterioridad en el caso de condena, equivalente a aquella persona que está en prisión preventiva, puede estar generando una distorsión", cerró el ministro Luis Cordero.

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