El Senado rechazó este miércoles el proyecto de ley que buscaba flexibilizar el cumplimiento de penas para condenados mayores que padecieran enfermedades graves o terminales.

En la previa de la votación, la iniciativa provocó fuertes críticas del oficialismo, sector que acusó al proyecto de fomentar la “impunidad” de violadores de derechos humanos. Esto, puesto que la legislación beneficiaba a reos de Punta Peuco, penal donde cumplen penas condenados por delitos de lesa humanidad.

Finalmente, por 23 votos en contra y 21 a favor, fue rechazado el proyecto presentado por Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Carlos Kuschel y Henrique Van Rysselbergue (UDI).

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Oficialismo celebra rechazo

Organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura se encontraban presentes en las gradas del Senado para presenciar la votación. Luego de que se rechazara la iniciativa, los aplausos y celebración se manifestó de inmediato.

El senador Daniel Núñez (PC) destacó el hecho de que se haya desechado la propuesta y reiteró que el proyecto buscaba “la impunidad para genocidas, narcotraficantes y violadores”.

Por su parte, el senador Fidel Espinoza (PS), sostuvo que “el senado dijo que no a la impunidad, no a la libertad de los criminales de Punta Peuco”.

En tanto, el senador Iván Flores (DC), acusó que los impulsores de la iniciativa intentaron “disfrazar” su intención de beneficiar a los condenados por violaciones a los derechos humanos con una propuesta de carácter general.

“Se les estaba tratando de hacer una pena remitida, en la casa, a personas que no se lo merecían, como son los pedófilos, gente ligada al narcotráfico o Krassnoff”, expuso el parlamentario.

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Polémica

En la previa de la votación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, acusó que el proyecto infringía “flagrantemente las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que el derecho chileno ha venido aplicando sistemáticamente en el último tiempo”.

Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que la prpuesta era “técnicamente deficiente” y confirmó que los principales beneficiarios serían criminales de lesa humanidad: según los datos del Ministerio de Justicia, el 56% de las personas que están cumpliendo penas en el penal dispuesto para condenados por crímenes de la dictadura podrían acceder al arresto domiciliario con el proyecto que se votará este miércoles.

Por otra parte, Cordero enfatizó en que la iniciativa “infringe flagrantemente las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que el derecho chileno ha venido aplicando sistemáticamente en el último tiempo”.

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, también se refirió en duros términos a la propuesta impulsada por las bancadas de derecha. “Lo que están haciendo con esta propuesta es permitir la salida en libertad de abusadores sexuales, narcotraficantes, además de violadores de derechos humanos. Es un contrasentido y el país no puede avalar una conducta como esta”, dijo Quintana ayer  martes antes de que comenzara la discusión en Sala.