Hay contratos tan inverosímiles –o derechamente leoninos– que más que un acuerdo entre partes parecen promover un propio harakiri. Eso es lo que se desprende de un contrato de compraventa firmado por el municipio de Melipilla, el 16 de diciembre de 2020, con el fin de expandir el uso de un antiguo vertedero.

La medida fue implementada en la administración del exalcalde RN, Iván Campos, y contempló la compra de cinco lotes en la localidad de Popeta, previo pago de cuatro cuotas de 100 millones y luego un saldo final de $1.256.952.000 pesos. El acuerdo tenía una cláusula de incumplimiento, redactada por la propia unidad jurídica municipal, que obligaba al municipio a pagar 497 millones en caso de no cancelar la deuda.

Tras pagar la primera cuota, el gobierno comunal incumplió el contrato. La razón de la deuda impaga, argumentó el alcalde Campos en ese tiempo, fue porque no existía dinero en las arcas municipales. Un hecho que fue desmentido en cuanto asumió la nueva alcaldesa, Lorena Olavarría (CS), quien a través de un sumario comprobó que el municipio contaba con liquidez de pago en ese periodo.

Ricardo Zúñiga Correa, la contraparte, interpuso una demanda civil por indemnización de perjuicio en contra de la Municipalidad de Melipilla por el incumplimiento de obligaciones contractuales, obligando al municipio a pagar la segunda cuota impaga y la multa estipulada en el contrato. En total, más de 597 millones de pesos.

Los antecedentes del sumario fueron puestos a disposición de la Fiscalía, en una denuncia realizada por el municipio en 2022, que se sumó a un lapidario informe de Contraloría que dio a conocer una serie de irregularidades en el proceso de compraventa del terreno, hechos que a su vez fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

A partir de estas evidencias, el municipio decide presentar una querella el 20 de diciembre de 2023, en contra del exalcalde Iván Campos y dos de sus hombres de confianza, el exdirector jurídico, Rodrigo Videla, y el exdirector de Administración y Finanzas (s), Francisco Devia, por el delito de fraude al fisco en calidad de coautores, cómplices o encubridores. Todos arriesgan una pena que podría alcanzar los 15 años.

[caption id="attachment_896003" align="aligncenter" width="900"] Iván Campos, exalcalde de Melipilla.[/caption]

“Se ha generado un daño al patrimonio municipal por casi 500 millones de pesos”, señala la actual alcaldesa Lorena Olavarría. “Seguiremos entregando todos los antecedentes a la Fiscalía…No permitiremos que se dañe el patrimonio municipal, porque cada peso que se pierde es una necesidad que no se cubre a vecinos y vecinas”.

“No fueron pagadas, deliberadamente”

Tras varias auditorías internas, Lorena Olavarría decidió ingresar una primera denuncia por malversación de caudales público en octubre de 2021. Llevaba apenas cuatro meses en el cargo y los hallazgos eran preocupantes: aumento excesivo de salarios, indemnizaciones a todo evento, contratos irregulares por montos desmesurados y anexos de contratos viciados.

Dos meses más tarde, 10 de diciembre de 2021, la alcaldesa ordenó un sumario intentando despejar dudas sobre la cuestionada cláusula del contrato para ampliar el vertedero. La tesis sobre la falta de recursos para el pago, propuesta enviada por Francisco Devia en un email interno el 18 de junio de 2021, fue impugnada por un informe que aseguraba todo lo contrario.

–Entre los meses de marzo, abril y mayo de 2021– dice la querella–. No hubo desequilibrios ni positivos, ni negativos de flujo de caja.

La liquidez entonces se habría mantenido intacta, alcanzando un saldo favorable de más de 1.780 millones de pesos en marzo de ese año. Al momento del vencimiento de la segunda cuota del contrato, añade el documento, el municipio contaba con recursos para pagar sus obligaciones, “y no fueron pagadas, deliberadamente, a sabiendas del perjuicio que causaban”.

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Un Informe Final de auditoría al que tuvo acceso El Desconcierto, ratificó otra serie de irregularidades en agosto de 2023, detectando una diferencia de 550 millones en el registro del libro diario, la emisión de permisos de circulación con multas vigentes, diferencias millonarias en reembolsos de licencias médicas e inconsistencias en cuentas contables, entre otras anomalías.

La última querella presentada a fines de diciembre es, en el fondo, consecuencia de varias investigaciones previas. Las dudas, vistas de este modo, no hacieron más que confirmar las sospechas. ¿Por qué el contrato redactado por el propio municipio termina generando un daño patrimonial a éste? ¿Por qué no contiene ninguna cláusula que proteja sus intereses?

Para el diputado Diego Ibáñez, todo hace suponer que estaríamos en presencia de un nuevo fraude al fisco por parte de municipios de derecha. “Lamentablemente esta vez son las y los vecinos de Melipilla los que fueron afectados directamente con 500 millones de pesos menos para resolver sus necesidades. Esperamos que la justicia actúe prontamente y que los responsables reciban todo el rigor de la ley”, asegura.

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