La noticia era definitivamente inusual y así fue presentada en la prensa. Daniel Dinamarca, sacerdote de la Congregación de los Padres Barnabitas, había sido condenado por el Juzgado de Garantía de La Serena a cinco años de prisión. Su sentencia, sin embargo, fue conmutada por la medida sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

No fue lo único que llamó la atención. La lectura del veredicto judicial, efectuado el 18 de diciembre pasado, daba cuenta de una obligación que hizo recordar las clases de ética a dos reconocidos empresarios condenados en el caso Penta. Esta vez, no obstante, la prerrogativa exigida al sacerdote fue participar en un programa de educación sexual.  

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Pese a ser juzgado por el delito de abuso sexual reiterado en contra de dos exalumnos del Colegio Seminario Conciliar de La Serena, hechos ocurridos entre los años 2016 y 2018, la condena llamó la atención debido a que se resolvió a través de un procedimiento abreviado donde se estipularon varias condiciones para su ejecución.

Hasta ahora, lo más llamativo habían sido las clases de sexualidad.  El Desconcierto, sin embargo, tuvo acceso a los documentos judiciales que dan cuenta de otras dos situaciones cuestionables que ponen en el tapete cómo se resuelven estos temas, tanto en la justicia ordinaria como canónica.

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Por un lado, Dinamarca fijó su domicilio para cumplir la condena en la Parroquia Santa Sofía, sede de la comunidad “San Pablo” en Santiago, situación que fue aceptada por el tribunal, y la otra es aún más controvertida: la investigación canónica realizada por la congregación determinó que el sacerdote tuvo conductas “sospechosas” hacia menores desde el año 2010, periodo anterior a los hechos relatados por los denunciantes.

Para la abogada Sandra Rivera, querellante en uno de los casos de abuso, ambas medidas no la sorprende dados los comportamientos observados en la causa, tanto de la congregación de los clérigos regulares de Santiago -Padres Barnabitas-, y la propia Iglesia Católica. “Asilar y proteger a un presbítero agresor en nuestro país lamentablemente es común”, asegura.

–Se pueden nombrar muchos ejemplos en los que la Iglesia Católica ha sido cómplice y encubridora de este tipo de vejámenes. Por tanto, ante la luz de este historial de comportamiento de la institución no sorprende que en el año 2010 y hasta la fecha no hayan cambiado su negligente actuar– asegura la abogada, añadiendo que en cualquier caso el sacerdote depende de la Iglesia y, por tanto, ésta debe asumir la responsabilidad que  le cabe en los hechos que afectaron a quien estaba bajo su cuidado.

“No era algo normal”

Una “funa” en redes sociales fue el comienzo del caso de abusos en el Colegio Seminario Conciliar de La Serena en el año 2019. Tras ser recogido por varios medios de comunicación locales, los casos en contra de Dinamarca sumaron al menos cinco provenientes del mismo establecimiento educacional, pero tan sólo dos fueron finalmente denunciados a la fiscalía de La Serena.

Se trata de abusos sexuales cometidos por el sacerdote bajo el mismo modus operandi. Primero ganándose la confianza de los alumnos, retirándolos de la sala de clases y trasladándolos a su despacho donde abusaba de las víctimas en su calidad de director de la denominada “juventud misionera”.

Paralelo a las acciones judiciales, el establecimiento realizó una investigación interna cuestionando el relato de las víctimas. Pese a las dudas de algunos maestros respecto a la versión de los denunciantes, el Colegio Seminario Conciliar decidió apartar a Dinamarca de sus funciones, trasladándolo a la Parroquia Juan Soldado en las Compañías, donde continuó en contacto con menores de edad.

Conforme avanzó la investigación judicial, el sacerdote quedó con cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, siendo derivado a la Parroquia Santa Sofía en Santiago, mismo lugar donde cumplirá su condena según su propia solicitud que luego sería ratificada por el Juzgado de Garantía de la Serena.

Paralelo al proceso jurídico, comenzó a desarrollarse la investigación canónica, cuyos resultados dejaron en evidencia la falta de criterio de la congregación.“Como es de su conocimiento, el año 2010 comenzaron a manifestarse de parte suya algunos comportamientos en relación a menores de edad que indujeron algunas sospechas hacia su persona, aún cuando en esos momentos no se percibió ninguna mala intención de su parte”, dice parte de las conclusiones.

En la propia investigación eclesiástica, documento al que tuvo acceso en exclusiva El Desconcierto, una actual funcionaria del colegio reconoce que cuando ella era estudiante en el mismo establecimiento, observó al sacerdote con un niño en sus piernas frente al computador, mientras contaba la plata de la cuaresma.

“Quedé choqueada porque nunca lo había visto, nunca de otro sacerdote. No era algo normal, yo me bloqueé, bajé, fui a buscar a un compañero y le conté…cuando subí con mi compañero , que también participaba en la pastoral, a hablar con el padre Daniel, yo estaba enojada, indignada”, recuerda la mujer.

Para Sandra Rivera, el hecho de que la  investigación canónica reconociera antecedentes de “sospechas” en relación al comportamiento del sacerdote con menores de edad y que  fueron desestimados en su momento porque “no se percibió ninguna mala intención de su parte”, demuestra que la congregación siempre estuvo “en una posición de autoridad en la que pudo haber prevenido el daño” y, por tanto, también “es responsable”.

El Desconcierto se comunicó con la Congregación de los hermanos Barnabitas, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.