En momentos en que se debate la posibilidad de otorgar arresto domiciliario a mayores de 70 años o enfermos terminales, este miércoles se oficializó la decisión de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la solicitud de la defensa del exmilitar y agente de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, quien intentó acceder a este beneficio argumentando su avanzada edad y complicaciones de salud, pese a estar condenado por graves delitos de lesa humanidad.

Fue en junio del año pasado cuando la defensa del exmilitar solicitó a la ministra en visita extraordinaria para causas de DD.HH, Paola Plaza, acoger la solicitud de cumplimiento domiciliario, apuntando a la situación de salud que estaría enfrentando Iturriaga, aludiendo a “su condición etaria y de salud, incompatible con la cárcel y con la justicia de DD.HH, basada en la dignidad del ser humano”. Ese mismo mes, la magistrada rechazó en primera instancia su requerimiento.

Considerando esta decisión, su defensa apeló recibiendo una segunda negativa, esta vez de parte del tribunal de alzada de Santiago, que optó por dejar a firme la sentencia de primera instancia.

"Constatando al tribunal que se han arbitrado todas las medidas de resguardo y conducente a garantizar la salud e integridad del interno, así como el debido acatamiento a las prescripciones de la Comisión Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, se rechaza la solicitud de cumplimiento domiciliario de la pena”, asegura el fallo.

Sin embargo, la defensa del condenado insistió en su propósito, presentando un recurso de queja ante la Corte Suprema sobre el que todavía no hay un pronunciamiento definitivo, lo que obliga a Iturriaga Neumann a mantenerse en el penal para violadores de derechos humanos de la dictadura.

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El historial del condenado

Iturriaga Neumann (85) fue general del Ejército, subdirector y jefe del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Su trayectoria dentro de esta entidad lo llevó a ser condenado el 2007, luego de lo cual se le detuvo en su calidad de prófugo de la justicia, lo que lo llevó incluso a declarar que no aceptaba la condena.

Actualmente cumple condena por su responsabilidad en diversos crímenes de lesa humanidad ejecutados tanto en Chile como en el exterior.

Su primera sentencia fue la que recibió en 2007 como responsable del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín. Desde entonces y a la fecha suma cerca de 200 años de cárcel, estando condenado por el crimen del exjefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, Argentina, en 1974; en las operaciones Colombo y Cóndor; Villa Grimaldi principal y por la desaparición del Comité Central del Partido Socialista (PS) en 1975, entre otros.

Como consecuencia de los delitos que cometió, enfrenta condenas por delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, secuestro, sustracción de menor, torturas, aplicación de tormentos con violencia sexual y asociación ilícita, entre otros.

“Debe evitarse la impunidad”

“Era una resolución esperable, pero de todos modos muy importante, porque constituye una señal contra la impunidad, pues no sólo existen deberes de juzgar los delitos de lesa humanidad", aseguró el abogado Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados.

Bustos agrega que "además, las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los crímenes, y debe evitarse la impunidad, como la que se pretendía con esta petición, especialmente considerando que se trata de un oficial de alto rango, que tuvo mando en la DINA”.

“No es raro ver que cada cierto tiempo, por diversos medios, se ha buscado garantizar la impunidad a criminales de la dictadura. Pensemos en el indulto general COVID, la propuesta de constitución rechazada el 17 de diciembre, o actualmente el proyecto de una Comisión del Senado. Por esto es importante que la sociedad civil y quienes trabajamos en DD.HH., nos mantengamos alerta para denunciar estos intentos”, señaló.