Otra iniciativa de las derechas fue aprobada la tarde del sábado por el Pleno del Consejo Constitucional. La Defensoría de las Víctimas se agregó por primera vez en la historia a la Carta Magna, impulsada por Chile Vamos y el Partido Republicano.
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Aprobada en el Consejo: ¿Qué significa la creación de la Defensoría de las Víctimas?
Así, por 49 votos a favor, se aprobó el órgano denominado “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”. Pero ¿qué significa la creación de la Defensoría de las Víctimas?
Según información del Consejo, este servicio dependerá del Ministerio de Justicia y tendrá por propósito “garantizar el acceso a la justicia” y promover “la utilización del arbitraje, la mediación y otros medios alternativos para la resolución de conflictos”.
El problema, según consejeros oficialistas, es que solo considera ciertos delitos y generaría una distinción respecto a la gravedad de los mismos, y la necesidad de las víctimas de ser atendidas.
En palabras de la consejera María Pardo (CS), les “parece preocupante este inciso porque lo que hace es priorizar a algunas víctimas respecto a las demás”. En esta unidad se estaría dejando de lado a las víctimas de robo por violencia o de delitos sexuales, explicó.
“Se ha hecho una selección de crímenes que tienen una categoría de importancia por sobre otros y eso a nosotros nos parece gravísimo, sobre todo en materia de derecho a las mujeres, ya que los delitos sexuales, los delitos de pedofilia y los delitos contra niños y niñas han quedado fuera”, indicó Pardo.
Propuesta jerarquiza derechos
Por su parte, la consejera Paloma Zúñiga (RD) afirmó que “el derecho a la defensa establece una defensa de representación preferente para ciertos delitos” según el texto. Estos son narcotráfico, terrorismo, trata de personas y corrupción.
“¿Dónde quedan los otros delitos? Hay delitos de primera y de segunda” categoría, añadió, por tanto “esta defensoría no es para todas y todos, ya que la propuesta jerarquiza derechos”, djio la representante RD.
De acuerdo con lo aprobado, la Defensoría será así un órgano autónomo, público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, dotado de personalidad jurídica y con patrimonio propio.