Casi una treintena de oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes actualmente cumplen condena en Punta Peuco, dieron a conocer una carta a través de la que abogada, Javiera Steger, busca que sus representados puedan abandonar el penal.

Quien leyó el escrito en un punto de prensa efectuado en el Congreso este martes fue el diputado de ultraderecha Gonzalo de la Carrera, evidenciando las intenciones de quienes suscriben la declaración donde admiten graves violaciones a los derechos humanos en dictadura.

"Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes, y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias", aseguran los firmantes, entre los que destacan Carlos Herrera Jiménez, condenado por el crimen de Tucapel Jiménez, Arturo Silva Valdés, condenado por la muerte Eugenio Berríos  y José Zara, condenado por el crimen del general Carlos Prats.

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Dilatada espera

"Expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando -nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles- hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente", agrega el documento.

Siguiendo con su declaración, apuntan a las más de tres décadas en que han aguardado por el sinceramiento respectivo de quienes ordenaron la comisión de los delitos. "Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos. A partir de ello, venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados", aseguran.

El anhelo de una justicia ‘justa’

Y a renglón seguido, apuntan a su necesidad de acceder a beneficios que les permitan abandonar el penal, apelando a la misericordia de distintos estamentos sociales. "Solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles, la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos", recalcan.

"A la sociedad civil le pedimos el apoyo y la comprensión para hacer realidad el anhelado sueño de una justicia ‘justa’ para nuestros subalternos", agrega el documento leído por Gonzalo de la Carrera.

Suscriben la carta:

Jaime Torres Gacitúa

Carlos Herrera Jiménez

Iván Quiroz Ruiz

Patricio Román Herrera

Enrique Sandoval Arancibia

Daniel Guimpert Corvalán

Hernán Ramírez Hald

Roberto Ampuero Alarcón

Manuel Muñoz Gamboa

Gerardo Aravena Longa

Gerardo Godoy García

René Villarroel Sobarzo

Carlos Tapia Galleguillos

Harodo Latorre Sánchez

Raúl Quintana Salazar

Manuel Provis Carrasco

José Zara Holger

Cristoph Willeke Floel

Reimer Kohutz Fell

Fernando Rojas Tapia

Ricardo Álvarez Jalabert

Vittorio Orvieto Tiplitzky

Manuel Carevic Cubillos

Juan Mancilla Díaz

Arturo Silva Valdés

Walther Klug Rivera

Patricio Marabolí Orellana

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