La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los secuestros y homicidios de once miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP), la escolta personal del Presidente Salvador Allende. 

Los escoltas fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, para luego ser trasladados a la Intendencia de Santiago. Desde ahí, fueron derivados a cuarteles policiales para finalmente ser ejecutados. 

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Además, el máximo tribunal fijó en $1.225.000.000 las indemnizaciones que deberá pagar el fisco por concepto de daño moral a los familiares de las víctimas, el cual se distribuyó según el grado de parentesco de los demandantes con las víctimas.

Indemnizaciones

• En el caso de quienes tienen la condición de cónyuge o madre del afectado, la suma asciende a $80 millones. 
• Para quienes han demostrado la calidad de hijos de la víctima directa, la cantidad es de $50 millones.
• Para los que demandan en calidad de hermanos, esta alcanza $20 millones. 
• Para quienes acrediten la condición de sobrino de alguna de las víctimas, la suma es de $5 millones. 

Víctimas

Se trata de los secuestros calificados de Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón y los homicidios calificados de Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría y Enrique Andrés María Ropert Contreras. 

Investigación

La investigación se realizó al general en retiro de Carabineros, Patricio de la Fuente Ibar, quien fue absuelto en el fallo de primera instancia -publicado en 2018- por falta de participación. 

Al mismo tiempo, se condenó a Vicente Armando Rodríguez Bustos, general en retiro de la Fuerza Aérea (FACh), a 10 años y un día de presidio como autor de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado de las personas nombradas.

El condenado murió en 2020, un año antes de que se dictara el fallo de segunda instancia, por lo que se decretó su absolución de dichos cargos por haberse extinguido su responsabilidad penal.

Por lo anterior, la Corte Suprema dispuso que se decrete el correspondiente sobreseimiento de Rodríguez, y confirmó la absolución del general Patricio de la Fuente Ibar. 

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