Luego de conocerse que la Delegación Presidencial Provincial de Maipo, liderada por Miguel Ángel Rojas, contratara vía trato directo a Full Clean S.A. propiedad de la familia de Claudio Crespo, ex-carabinero imputado por cegar a Gustavo Gatica, la senadora Fabiola Campillai mostró su enérgico rechazo.

La congresista, una de las víctimas más reconocidas de la represión policial al estallido social, no ocultó su molestia por esta decisión gubernamental.

“Como personas comprometidas con la justicia y el respeto por los Derechos Humanos consideramos inaceptable que una institución gubernamental tenga tratos contractuales con empresas vinculadas a personas imputadas en causas de violaciones a los Derechos Humanos. Más aún, cuando estas tienen relación con materias de seguridad”, comenzó.

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Gerente de operaciones

“Lo señalado por la delegación provincial de Maipo, respecto al desconocimiento de estos hechos, no es excusa, ya que, tanto en la página de Mercado Público, como en los antecedentes presentados por la publicación de Interferencia el nombre de Claudio Crespo se consigna como gerente de operaciones, por lo cual, resulta impresentable la decisión de haber contratado los servicios de esta empresa”, añadió, apuntando directamente a la Delegación Presidencial.

La senadora Fabiola Campillai no se quedó ahí e insistió que “exigimos una explicación pública y concreta del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de estos hechos, como asimismo, que se asuma la responsabilidad política de la autoridad. No permitiremos que acciones contrarias a los principios éticos en materias de Derechos Humanos y a la dignidad de las víctimas prevalezcan en nuestro país”.

“Manifestamos nuestra profunda solidaridad con Gustavo Gatica y señalamos que acciones de este tipo representan un nuevo atentado a todas las víctimas del estallido social y son claras señales de impunidad por parte del Estado de Chile”, cerró la congresista.

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