Conforme han ido transcurriendo las horas, más actores políticos se han sumado a la condena por los convenios que suman alrededor de $426 millones, suscritos por la Seremi de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, cuya representación legal corresponde a Daniel Andrade (RD), pareja de la diputada Catalina Pérez, militante del mismo partido liderado por el senador Juan Ignacio Latorre.

A las declaraciones del ministro de la Vivienda, Carlos Montes (PS) quien calificó lo sucedido como un "descriterio", se suma la de la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, quien se alineó con el secretario de Estado, asegurando que "efectivamente fue un total y absoluto descriterio político lo que aquí se realizó".

"Aquí hubo un seremi (Carlos Contreras) que asignó un recurso a una fundación cuyo presidente cumplía funciones en el gobierno y por eso aquí hay responsabilidades políticas que se han asumido, que son graves a propósito del descriterio político", agregó respecto de la materialización de los tres convenios alusivos a intervenciones para erradicar campamentos en Antofagasta.

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Siguiendo con su declaración, Vallejo recalcó que "otra cosa distinta es lo que va a arrojar la investigación que está realizando el ministerio de Vivienda, que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, porque eso es algo central. Hay que esclarecer si los usos de los recursos públicos fueron bien utilizados o no para los propósitos que estaban señalados".

Convergencia Social: "El apego a la ley es lo mínimo a cumplir"

Paralelamente, Convergencia Social emitió un comunicado en el que condenó sin matices el modus operandi tras la materialización de los convenios que mantiene a Andrade con su militancia suspendida en RD.

"Durante años y con consistencia, como Frente Amplio hemos presentado ante el país un programa de reformas que velen por la máxima probidad pública, para que el estándar a seguir no sea la mera legalidad sino una ética pública a la altura de lo que la ciudadanía espera", plantea el referente político relevando que emergieron "condenando las malas prácticas, la anquilosada relación entre política, negocios e influencias y la fundada desconfianza que aquello ha generado sobre la democracia".

Y a renglón seguido, aseguran que sus "banderas por la máxima transparencia explican que ante situaciones que presenten un posible alejamiento de dicha ética pública seamos extremadamente tajantes en esclarecer todas las circunstancias y responsabilidades comprometidas, sin importar si se trata de una situación que afecta a personas de nuestro propio entorno político. Al contrario, con más fuerza debemos hacer valer esas responsabilidades".

"En el caso en cuestión, la diputada Catalina Pérez solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República (...) Ella misma ha calificado la situación como un grave error de criterio político y ha indicado que no incidió de forma alguna en el acto, lo cual deberá comprobarse en la investigación llevada adelante por las instituciones respectivas", agrega el documento oficializado durante esta tarde.

"El convenio daña nuestro compromiso ético"

Desmarcándose del modus operandi que reconocen en otros partidos, son claros en establecer que "a diferencia de otras fuerzas políticas que justifican actuaciones ilegales, sancionadas, algunas de ellas reiteradas e íntimamente relacionadas con sus propios partidos, para nosotras y nosotros el apego a la ley es lo mínimo a cumplir, y la conformidad de un acto con la normativa vigente no implica por sí sola un comportamiento adecuado para quienes cumplen funciones públicas".

Por ello, aseguran que "el convenio en cuestión constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias que llevaron a que se suscribiera. Es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más".

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