Justicia y corrupción: Cuatro candidatos al Consejo Constitucional definen sus posiciones

Por: Talía Llanos Chacón | 23.04.2023

María Pardo, Andrés Sepúlveda, Gloria Hutt y Luis Silva opinan, en El Desconcierto, cuáles serán los cambios que le harían al Poder Judicial, y cómo se debería perseguir la corrupción en la nueva Constitución.

A medida que se acerca la elección de candidatos al Consejo Constitucional, sus posiciones en torno a cómo deben quedar definidas las atribuciones del Poder Judicial en la nueva Constitución se vuelven cada vez más relevantes. Especialmente considerando la historia nacional en torno a delitos de fraude dentro del Estado.

Tan solo esta semana, funcionarios públicos y alcaldes de cuatro municipalidades se han visto envueltos en detenciones, arrestos e investigaciones por haber participado de distintos delitos de corrupción.

De cara a las elecciones de consejeros constitucionales, cuatro candidatos abordaron con El Desconcierto cuáles serán sus prioridades de ser electos frente a la estructura del Sistema de Justicia, y cómo se deberán perseguir los delitos que atenten contra la probidad.

Estas son las respuestas de la abogada y profesora de Derecho Constitucional María Pardo (Convergencia Social – Región de Valparaíso); el abogado que destapó el caso de La Polar en 2011, Andrés Sepúlveda (Partido Radical – Región Metropolitana); la exministra de Transportes de Sebastián Piñera, Gloria Hutt (Evópoli – Región Metropolitana); y el abogado y académico de la Universidad de Los Andes Luis Silva (Partido Republicano – Región Metropolitana).

–¿Cuál es el principal cambio que le introduciría al Poder Judicial?

María Pardo (CS): “Actualmente el Poder Judicial en Chile no está funcionando como a todas y todos nos gustaría. No da respuestas efectivas, ni con la rapidez que necesitamos, dejando muchas veces a familias en la espera. Por lo mismo, considero que necesitamos mejorar en torno a la regulación de todo el estatuto de los jueces. Estos deben continuar siendo imparciales e independientes, deben contar con más herramientas para combatir la delincuencia y corrupción, pero deben responder a ese deber como toda autoridad; y por eso debe existir un sistema moderno de disciplina judicial.

Para ello, necesitamos que a nivel constitucional se establezca un estándar específico sobre quienes pueden ingresar al poder judicial y un mecanismo moderno de ‘gobierno judicial’ separado de quienes ejercen funciones judiciales”.

Andrés Sepúlveda (PR): “El Poder Judicial debe tener adecuados contrapesos funcionales. Hoy en día sólo tiene control político, vía acusación constitucional contra ministros de Corte, mientras que en todo lo demás opera con mecanismos autorregulatorios, que son insuficientes e ineficientes. De ese modo, el desafío es avanzar en un Consejo de la Justicia externo, o una Contraloría especial o una Defensoría Ciudadana”.

[caption id="attachment_831701" align="alignnone" width="900"] Andrés Sepúlveda, candidato del Partido Radical por la Región Metropolitana[/caption]

Gloria Hutt (Evópoli): “Es un conjunto. En su operación interna buscaría que los nombramientos y designaciones sean producto de procesos transparentes y sobre la base de evidencia objetiva de trayectoria y aptitud. Esto incluye mecanismos de evaluación de desempeño. También incorporaría procesos que permitan detectar, por ejemplo, captura de jueces por corrupción o por amenazas, con sistemas de rotación y registro de actuaciones. Incorporaría tecnología para agilizar los procesos e informar a los ciudadanos, y establecería un estándar de servicio que refleje una tasa de respuesta adecuada a las necesidades de las personas.

Aunque posiblemente estas iniciativas se definan en nivel general en la Constitución, los principios de eficacia en la provisión de justicia y de igualdad ante la ley, deben quedar bien resueltos, recomendando que en un plazo determinado sean definidos en sus detalles, a través de un mandato constitucional”.

Luis Silva (REP): “Personalmente creo que la Constitución actual es un muy buen texto fundamental, por lo que no introduciría cambios al Poder Judicial que no vayan en la línea de fortalecer su rol. En concreto, hay una oportunidad para profundizar el deber de los jueces de ajustarse a la Ley para poner límites a un creciente activismo judicial que se ve en algunas instancias, y también vería normas que contribuyan a aliviar de carga administrativa a la Corte Suprema, para que se centre en su función jurisdiccional”.

–¿Qué debe pasar con el Tribunal Constitucional? ¿Eliminarlo, modificarlo o mantenerlo tal como está?

María Pardo (CS): “El actual Tribunal Constitucional ha demostrado ser un lastre para la democracia chilena y sobre todo para los cambios que las y los chilenos hemos necesitado para mejorar nuestra realidad.

Son muchos los ejemplos que conocemos, pero pienso fundamentalmente en la eliminación de las nuevas facultades al Sernac. En el caso reciente de falsificación de prendas de una empresa de retail, hoy el Sernac no puede hacer prácticamente nada: no puede sancionar a la empresa, ni pedir compensaciones; y esa injusticia se la debemos al Tribunal Constitucional.

Considero que un órgano o corte constitucional puede cumplir adecuadamente un rol democrático, pero no en la forma que tiene hoy el actual Tribunal Constitucional. En este sentido, se deben eliminar atribuciones como el control preventivo obligatorio y repensar las acciones de inaplicabilidad que muchas veces se utilizan para dilatar los juicios”.

Andrés Sepúlveda (PR): “Lo importante es que exista Justicia Constitucional, con control constitucional preventivo y posterior de normas de rango legal. Puede asumirlo la Corte Suprema o un Tribunal Constitucional autónomo. En este último caso se debe garantizar que tenga una integración preferentemente técnica en la que participen los demás poderes del Estado, con facultades para resolver contiendas de competencia”.

Gloria Hutt (Evópoli): “Debe haber una instancia de control de constitucionalidad, que puede ser el TC u otra entidad. En cualquier caso creo que es necesario que el nombramiento de los integrantes del tribunal sea un proceso abierto y transparente, evitando designaciones con criterios políticos que apuntan a intereses coyunturales de corto y mediano plazo en lugar de reforzar el rol permanente”.

[caption id="attachment_831700" align="alignnone" width="900"] Gloria Hutt, candidata de Evópoli por la Región Metropolitana[/caption]

Luis Silva (REP): “Reduciría su número de integrantes dejando una cifra impar de miembros. Además, creo que se deben solucionar ciertos aspectos en la forma como se resuelven los recursos de inaplicabilidad, porque en ocasiones ha habido superposición de atribuciones con la Corte Suprema. Lo que importa es que sea el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra en estos temas”.

–¿Cómo redactaría la norma sobre probidad, transparencia y corrupción?

María Pardo (CS): “Este es uno de los ejes principales para asegurar una Constitución que nos proteja. La protección desde la Constitución tiene que hacerse cargo también del sistema de abuso y opacidad que actualmente vivimos, en todos niveles: en el aparato público y también en el sector privado.

Hay que ser tajantes contra la corrupción: desde el ‘amiguismo’ en la contratación pública, hasta las redes de favorecimiento del narcotráfico o el crimen organizado. En este sentido, por ejemplo, prohibiendo a los condenados a desempeñar cualquier cargo público.

Al mismo tiempo debemos atacar conductas que son igual o más graves: pensemos en los casos de colusión que hemos visto una y otra vez, que defraudan la confianza que depositamos en el funcionamiento del mercado; por lo mismo, deben incluirse reglas constitucionales que permitan imponer sanciones severas y efectivas contra todos los involucrados”.

[caption id="attachment_831699" align="alignnone" width="900"] María Pardo, candidata de Convergencia Social por la Región de Valparaíso[/caption]

Andrés Sepúlveda (PR): “Realzando principios y reenviando a ley la regulación particular: Ejemplo: Quienes ejerzan funciones públicas, ya sean funcionarios públicos o no, deberán someter su conducta y actuaciones a los principios de probidad y transparencia. No podrán detentar funciones públicas quienes hayan sido condenados por actos de corrupción pública o privada”.

Gloria Hutt (Evópoli): “En esta etapa solo puedo mencionar los principios que considero claves en la discusión. Luego se verá la forma en que se redacta, lo que requiere conocimiento técnico especializado. Dar rango constitucional a las obligaciones de probidad y transparencia como mecanismos de protección de los derechos ciudadanos. Establecer criterios de incompatibilidades e inhabilidades para el ejercicio de tareas en el sector público. Considerar que el deber de probidad debe cumplirse en el ámbito público y también en el ámbito privado, especialmente en todo aquello que pudiera afectar el interés general, las reglas de competencia y la provisión de prestaciones sociales y de seguridad.”

Luis Silva (REP): “Más allá de la redacción final, me gustaría resguardar constitucionalmente la fe pública, declarando inconstitucional a todo aquel que abuse de ella. Episodios de corrupción en política como la mentira con su enfermedad de Rodrigo Rojas Vade que le permitió obtener más votos y donaciones, o casos de colusión económica en que son empresarios quienes traicionan la confianza depositada en ellos, van dañando el entramado social que se sostiene justamente en vínculos de confianza. Para resguardar esa confianza pública, que es clave para tener una sociedad sana, promoveré que toda persona que aspire a ocupar un cargo de responsabilidad y engañe a la ciudadanía, sea reprochado desde la Constitución.”

[caption id="attachment_831698" align="alignnone" width="900"] Luis Silva, candidato del Partido Republicano por la Región Metropolitana[/caption]