Cuando la ministra Carolina Tohá explicó que la industria forestal no cumplía las características para aplicarle un royalty, por no ser un recurso no renovable y propiedad del Estado, la discusión pareció quedar saldada. Pero hay quienes sostienen que no hay ningún impedimento para aplicar un impuesto a la industria en función de los daños que genera. 

“Jurídicamente no existe ningún impedimento para crear una tasa o impuesto a la industria forestal”, afirma el abogado ambiental, director de la ONG FIMA y profesor de la Universidad de Chile, Ezio Costa. “Sería un impuesto en función de los daños que causa una industria, de la misma forma en que existen impuestos verdes por otros impactos ambientales como la venta de autos nuevos, o las emisiones de dióxido de carbono”, agregó el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

Y aunque las investigaciones para encontrar los responsables directos de los incendios aún están en proceso, parece haber consenso en el mundo científico de que el modelo forestal chileno propicia que los incendios forestales se propaguen y alcancen grandes magnitudes.

“La industria forestal usa un recurso renovable pero está causando externalidades negativas inmensas y no está siendo regulada apropiadamente, Por lo tanto, en una economía de mercado puede tener sentido incorporar las externalidades que causa a la sociedad, para poder financiar la reconstrucción”, explica Mena.

“Lo importante de fondo es cómo la industria se hace cargo del daño que causa a la sociedad. Ya van dos temporadas de incendios forestales con inmensas reconstrucciones y eso no necesariamente es proporcional a lo que cobra hoy el Estado en impuestos por esta actividad económica, lo que se podría modificar a través de una ley”, agrega.

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Primero reducir impactos, luego compensar

El abogado Ezio Costa propone que, antes de discutir instrumentos para que la industria compense sus impactos, es importante que se tomen acciones para que los daños sean menos.

“Que la industria forestal ingrese al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) es algo mínimo. Una ley de ordenamiento territorial podría ser un buen segundo paso. En términos económicos lo primero sería quitar los subsidios a la industria forestal, y recién luego de eso poder discutir alguna tasa. Si esa tasa va a estar relacionada a los impactos, discutir cuáles son esos impactos Se pueden considerar los impactos que tiene la industria forestal en los suelos y el agua”, propone. 

La creación de una ley de ordenamiento territorial es un pedido que ha sido replicado por la comunidad científica, para que sea posible tomar medidas que reduzcan el impacto de distintas industrias en el territorio, la biodiversidad y las comunidades del país.

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