Según cifras oficiales entregadas esta semana por el Ministerio Público, los delitos de violencia rural disminuyeron más de 40% en La Araucanía durante el 2022. 

El dato fue un oasis para un gobierno que lidia con un contexto donde la inseguridad es el tema que más preocupa a la ciudadanía, según indican distintos sondeos de opinión pública.

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Sin embargo, las buenas cifras no tienen que ver en un 100% con medidas que apuntan directamente al problema, como el Estado de Excepción o las distintas legislaciones en la materia. Al menos así lo plantea el comisionado presidencial para la Paz y el Entendimiento y encargado nacional del plan del Buen Vivir en la Región de La Araucanía, Víctor Ramos.

La autoridad está encargada de diseñar y coordinar todo lo que tiene que ver con la comisión que se constituirá en marzo, y que busca sentar las bases de una solución de largo plazo para el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, con especial énfasis en la demanda de tierras.

En diálogo con El Desconcierto agrega que para este año contarán con un presupuesto mayor para reforzar áreas claves de su trabajo.

“Confiamos en que esté mejor clima que estamos viviendo nos va a ayudar a poder llevar a cabo y cumplir con este objetivo que es gigante en cuanto a la coordinación y la articulación del diálogo entre los actores locales y las diferentes reparticiones del Estado”, subraya.

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- ¿Cómo se toman la baja de los delitos de violencia en La Araucanía?

Esta cifra no es para cantar victoria, pero sabemos que empezamos a transitar un camino que nos pueda llevar a un momento de tranquilidad y hay que consolidarlo.

Lo que hemos implementado en la zona involucra el diálogo con los actores locales de las distintas provincias, principalmente en la zona más azotada por la conflictividad en la última década, como son Arauco, Malleco y Cautín. 

Las conversaciones han sido respetuosas porque primero entendemos la existencia de un pueblo que tiene sus propias formas de percibir el mundo y de relación con su entorno. 

Hay que ser respetuosos con quienes han habitado el lugar e intentar que la política pública pueda hacerle sentido, tomando en cuenta la rabia y la frustración que nosotros percibimos cuando comenzamos este trabajo el año pasado. 

Aquí hay una sensación de abandono del Estado en las zonas retiradas de todo, en donde no hay servicios públicos. Por eso, como gobierno hemos atendido y escuchado con la prioridad que se requiere las peticiones en una zona tan compleja. Además, hay un tema muy profundo de disputas de tierra, que es un problema que arrastramos durante muchísimos años y no hemos logrado resolver. 

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Más allá del Estado de Excepción

- ¿Cómo ha sido llevar el diálogo a las comunidades más alejadas?

Hay que ir creando acercamientos con actores locales, que ya tienen cierta legitimidad. Ahí los alcaldes han sido clave junto a las autoridades tradicionales del pueblo mapuche, los consideramos interlocutores que pueden facilitar una recomposición de las de las confianzas, sobre todo cuando el Estado no puede llegar a esa zona. 

La idea no es llenar de contingentes policiales o militares, eso no va a recuperar la presencia en una zona con tanta dispersión demográfica y con tanta ruralidad.

Hay que relegitimar a los actores locales, quienes han estado tratando de mantener o trabajar por el desarrollo de sus propias comunidades.

- ¿En qué zonas específicamente?

En Arauco y Malleco, donde nos vamos acercando paulatina y progresivamente. Por poner un ejemplo de lo anterior podemos observar las mesas territoriales de Tirúa, con ellas tuvimos que partir los primeros encuentros en otra comuna como es Curanilahue.

Porque no era posible realizarlos en la comuna de Tirúa, pero poco a poco logramos hacerlas en su propia comuna y hoy nos encontramos trabajando sistemáticamente en distintas localidades de ella.

Algo similar podemos mencionar con la comuna de Alto Biobío, donde trabamos con todas las comunidades y el gobierno local.

Hemos desarrollado un trabajo incluso con el Presidente Gabriel Boric, que estuvo en diálogo con todas las dirigencias y autoridades tradicionales de la comuna de Lonquimay durante su visita a la región

- ¿Cuál era la política de los gobiernos anteriores respecto a esto? 

En las reuniones comentaban que hace más de cinco años que no había un gobierno en terreno en comunas como Ercilla y eso se ha logrado después del trabajo que hemos desarrollado con el programa. 

Al principio había algo de reticencia con nosotros, porque habían promesas que no se habían cumplido y por lo tanto tuvimos que recuperar la confianza. Por eso tenemos que ir reparando aquellos problemas más urgentes, principalmente temas de caminos, conectividad y saneamiento de agua potable que esperamos que este año podamos avanzar.

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La clave de la caída en las cifras de delincuencia

- ¿Cómo eso permite una baja en las cifras de delincuencia?

Como eso es competencia del Ministerio de Interior, la clave es tener una coordinación interministerial. Lo que hemos visto, desde las opiniones que ha señalado el delegado Montalva y la ministra Tohá, es que el trabajo se basa en una mayor coordinación efectivamente entre policía, Fiscalía y las propias autoridades gubernamentales. 

Eso evidentemente va trayendo frutos. Hay una preocupación del gobierno en terminar con el crimen organizado para mejorar la calidad de vida de la población. A partir de la desarticulación de las distintas bandas que operaban en la zona, que no tenían que ver con las comunidades mapuche como muchas veces se había aseverado.

Ahora que estamos llevando una acción planificada para que el Estado vuelva a tener presencia y vuelva a generar respuesta adecuadas, se requiere una visión distinta con apuestas de desarrollo e inversión en ciertas zonas estratégicas en la región. 

- Los delitos de ocupación de territorios disminuyeron al igual que el de robo de madera ¿Tiene correlación uno con el otro? 

Los distintos tipos de delito generan una descomposición del tejido social. En la zona no se generan incentivos económicos entonces se dan esa clase de conductas. 

Queremos que la disminución se sostenga en el tiempo y puedan llegar a una cifra mucho más baja todavía, pero no puedo confirmar si existe una causalidad directa entre el delito de usurpación y otro.

Para evitar que estos delitos ocurran, hay que tener una política pública efectiva para que las comunidades vean en eso un camino para resolver las demandas históricas que vienen planteando. 

- La percepción de la inseguridad en el país es bastante grande en todas las regiones ¿Cómo esto se contrasta con estas cifras y qué mensaje le mandan a la ciudadanía?

Estas cifras pueden ser un punto de inflexión, pero también durante todo el año trabajamos de una forma súper silenciosa en la estrategia que estábamos llevando a cabo. 

Hemos logrado cumplir con los objetivos y creemos que este 2023 debe integrar las miradas de las personas que han habitado la zona y mostrarles con respuestas concretas, por parte del Estado, de que atendemos sus necesidades.

Así se van reconstruyendo las confianzas, algo que también es un objetivo fundamental para nosotros y al mismo tiempo fortaleciendo la presencia del Estado desde los gobiernos locales y también desde el despliegue de las distintas seremis.

- ¿Cuál es el objetivo para el 2023?

Gracias a la ley de presupuesto vamos a contar con mejores equipos para fortalecer las áreas. Tenemos en carpeta el programa de infraestructura para el Buen Vivir que está alojado en el Ministerio de Obras Públicas y que coordinamos políticamente nosotros desde la Segpres.

Podemos avanzar en una inversión histórica para las provincias de Arauco y Malleco, que probablemente van a superar en tres veces lo que ha venido haciendo el promedio del 2021-2022. Eso requiere un esfuerzo de coordinación aún mayor de los que ya tuvimos, en un momento muy crítico como el que nos tocó vivir durante el 2022.