En febrero finalmente será formalizado el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por pregunta malversación de fondos fiscales y lavado de activos bajo su gestión, la que se extendió durante 24 años.

El hecho constituye una verdadera "prueba de fuego" para el nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, cuestionado justamente por mantener nexos con ediles ligados a casos de corrupción.

Especialmente, con Felipe Guevara de Lo Barnechea, cuya relación ha negado públicamente, pese al destape de una serie de boletas de honorarios que emitió el abogado a esa municipalidad.

Guevara fue sindicado por uno de los testigos del caso Torrealba como ideólogo del mecanismo de defraudación que se utilizó en Vitacura y que lograba desviar fondos de corporaciones municipales hacia el bolsillo del exalcalde.

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¿Inhabilitación?

Un reportaje de Ciper reveló que durante la administración de Guevara, el ahora Fiscal Nacional emitió 57 boletas al municipio, aun cuando ha señalado en reiteradas ocasiones que no conocía al exalcalde investigado por presunto fraude al Fisco y malversación de caudales públicos.

Por este hecho, el diputado Luis Cuello (PC) ha pedido que Valencia se inhabilite “de cualquier participación en las investigaciones penales respecto de la red de corrupción que instaló la derecha en Vitacura”, mientras “no se esclarezca esta situación”.

De acuerdo con Cristián Riego, experto penalista y académico de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales, el Fiscal Nacional no debiera verse involucrado naturalmente en ningún caso porque no forma parte de sus atribuciones.

Sin embargo, sí tendría las facultades de intervenir “tratándose de casos de muy alto perfil, como por ejemplo ocurrió con los casos del financiamiento de la política”. En ese escenario, “el fiscal toma los casos, se los quita el fiscal regional, y los lleva a la Fiscalía Nacional”.

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Precisamente considerando “los vínculos que ha tenido con estos municipios”, agrega Riego, “no sería muy viable” que Valencia tomara los casos. De todas formas, el experto indica que “hay que mantener siempre una vigilancia” para “cuestionar cualquier actividad que pudiese ser sospechosa  de un conflicto interés”.

Este jueves, Ángel Valencia insistió que no conoce a Guevara y que no tiene “ningún vínculo profesional con él”. Sin embargo, este antecedente genera “preocupación” en la fundación América Transparente, dedicada a levantar herramientas y proyectos en pos de la transparencia en las instituciones públicas, que ha seguido ambos casos desde cerca.

La punta del iceberg

Según corrobora a El Desconcierto el director de América Transparente, Juan José Lyon, “lo que está ocurriendo en Vitacura no es aislado”, enfatizando que este mecanismo “se ocupó en otras municipalidades del sector oriente”, como en Lo Barnechea y Las Condes.

Lyon asegura que el caso de Torrealba es solo “la punta del iceberg”, y que le “preocupa que haya sido elegido Ángel Valencia como nuevo fiscal cuando él fue representante de Felipe Guevara. En su defensa, él ha dicho que nunca lo conoció, pero eso es bastante raro”.

Según Juan José Lyon, consultaron a “varios abogados” respecto a la posibilidad que Valencia y Guevara realmente no se conocieran en esa audiencia, y “todos dicen que eso no ocurre. Él dice que nunca lo conoció, pero dado que fue su cliente a nosotros nos parece que no es la mejor señal”.

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Respecto al mecanismo utilizado por Torrealba en Vitacura, el experto indica que “no es lo típico que solemos ver en corrupción municipal”, sino que “acá se montó una maquinaria, que al estar como la armaron, a través de estas entidades Vita que escapan de la vigilancia de la Contraloría, de la Ley de Transparencia, la ley de compras públicas, permitía con casi total libertad sacar fondos públicos” del municipio.

“Cuando tenemos gente que puede operar en total libertad, sin rendirle cuentas a nadie, y estamos hablando de fondos públicos multimillonarios, lamentablemente lo que tenemos son casos de corrupción”, apunta.

Las expectativas del juicio

Sobre la pronta formalización de Torrealba, Juan José Lyon espera que se pida prisión preventiva, dados los antecedentes, aunque cree que “esto da para largo” considerando todas las etapas del juicio. “Se habla de alrededor de cuatro años para saber si va a caer sobre el alcalde una pena de cárcel definitiva”, agrega.

El director de América Transparente tiene “pocas” expectativas que Torrealba reciba una condena que lo lleve a la cárcel, tomando en consideración su avanzada edad y condiciones de salud, además de la historia que tiene la justicia con otros condenados por corrupción.

“En otros casos donde existe fraude con recursos públicos, financiando campañas políticas, lamentablemente esas personas han terminado en clases de ética o cuestiones así, y no efectivamente en la cárcel, salvo en casos puntuales como Karen Rojo”, concluye.