Más de 100 mujeres demandaron al Estado en 2022, por haber quedado embarazadas gracias a un anticonceptivo defectuoso entregado en el sistema público de salud.

Lo que representa una falta directa a los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, advirtieron desde la Asociación Chilena de Protección a la Familia (APROFA). Quienes también aseguran que "existe falta de prioridad cuando se trata de salud sexual y salud reproductiva"

Desde la organización, enfatizan en que dichas fallas "dan cuenta de lo relegada que se encuentra la salud sexual y reproductiva aún en nuestro país". Creando una barrera que frena el avance en materia de derechos, gracias a la falta de información verídica y educación sexual integral en Chile.

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Dichos anticonceptivos defectuosos, se suman a las fallas en preservativos de pene, según lo informado por el Instituto de Salud Pública (ISP). Lo que llevó a la entidad a retirar del mercado ambos productos con fallas en su calidad.

Labor del Estado

Desde APROFA recomiendan "generar un control de calidad de pastillas anticonceptivas y ampliar el marco legal en materia de interrupción del embarazo". Lo anterior, pues no se han generado acciones reparatorias para las personas que "en algunos casos, sufrieron una gestación no planificada".

En la organización también, son enfáticos en la necesidad de contar con políticas nacionales de Educación Integral de la Sexualidad, ya que esta sería "la única manera para que las personas conozcan sobre sus Derechos, garantizando el acceso a información en materia de salud sexual y reproductiva, desde el enfoque de género y derechos humanos".

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