Ley Antonia: Gobierno promulga proyecto que tipifica el suicidio femicida
Con la presencia de los padres de Antonia Barra, el Gobierno promulgó la ley que modifica diversos cuerpos legales, que tipifica como delito el suicidio femicida, mejora las garantías para víctimas de delitos sexuales y evita la revictimización en la investigación de estos casos.
El encargado de encabezar la ceremonia fue el Presidente Gabriel Boric, en compañía de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, instancia que se desarrolló en el Patio de los Cañones del Palacio de La Moneda.
“Debiera ser obvio, pero no lo es, y por eso hay que repetirlo con insistencia. Las mujeres tienen derecho a vivir seguras, sin temor a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas u exparejas o de cualquier otra persona”, comenzó diciendo el mandatario.
En ese sentido, el Presidente sostuvo que “cuando existen agresiones de este tipo, es la sociedad en conjunto la que ha fallado y particularmente el Estado y sus instituciones”.
Cabe mencionar que la legislación nació a partir del trabajo hecho por los padres de Antonia Barra, víctima de violación a manos de Martín Pradenas, situación que terminó con el suicidio de la joven.
Alejandro Barra, padre de Antonia, valoró la promulgación de la ley, expresando que “logramos que muchas familias no sufran lo que ha sufrido mi familia” y que la legislación sirve para que las víctimas puedan encontrar justicia.
En concreto, la entrante ley promulga consigna que “quien induzca a otra persona a cometer suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Si por tal circunstancia se produjera la muerte, la pena será de presidio menor en sus grados medio a máximo”.
Sobre esto, los responsables de este delito serán sancionados “con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida”.
Además, el Ejecutivo anunció que presentará un paquete de indicaciones al proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral sobre el cuidado de víctimas colaterales del femicidio, proyecto presentado por un grupo de parlamentarias oficialistas a principios de 2021.