Proponen multas de más de $5 millones a padres por actos vandálicos de hijos

“No se debe tolerar que, en nombre de demandas estudiantiles, muchas de ellas legítimas, se atente contra personas y bienes, vulnerando los derechos de miles de ciudadanos, quienes, por ejemplo, vean atrasados los traslados a sus trabajos u hogares por daños ocasionados al sistema público de transporte. Similar situación ocurre en los saqueos de negocios, donde tanto trabajadores como emprendedores ven afectadas sus fuentes laborales y de ingresos”, argumentaron en su presentación.

Derechos v/s deberes

“Todo derecho implica a su vez deberes y toda acción trae aparejadas determinadas consecuencias”, argumentan al explicar que “el derecho a la manifestación pública no se encuentra reconocido expresamente en los tratados internacionales de derechos humanos, ni tampoco en la Constitución, pese a lo cual, “se ha entendido que emana de otros derechos fundamentales allí reconocidos”.

Referencia vinculada por los parlamentarios de la ultra y centro derecha al artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos que “reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas”, “derecho que sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

Sana convivencia nacional

En su exposición de argumentos, relacionan su moción a la violencia registrada tanto al interior como en el exterior de establecimientos educacionales que “se ha vuelto recurrente” con hechos de “vandalismo y destrucción de bienes tanto públicos como privados y agresiones físicas a personas, que atentan contra la sana convivencia nacional”.

Frente a la problemática, la propuesta tiene como objetivo poner atajo a estos actos. El método es sancionar al grupo familiar de los participantes que causen “grave daño a las personas, propiedad o bienes de otros”.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.