Royalty minero, más allá de los números: Las claves sociales y ambientales del debate
Tras el anuncio de Reforma Tributaria del Presidente Gabriel Boric a mitad de año, las reacciones desde el mundo empresarial minero -representado en el Consejo Minero o la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)- coincidieron en acusar una grave “inviabilidad” del proyecto para el desarrollo de la industria extractiva, una traba para la inversión e incluso la continuidad de las operaciones del sector.
El gobierno respondió recientemente con una serie de indicaciones en el Senado que reformulan significativamente la medida inicial a favor de las firmas que enfrenten pérdidas por la aplicación de un royalty a la minería.
El juego de fuerzas entre el Estado y la gran minería privada suma un fuerte lobby desde la oposición, sus centros de estudio y los medios de comunicación anclados a este sector y sus intereses.
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Del lado de los expertos se discute también si estamos “realmente” ante una discusión sobre royalty minero o una acerca de la sustentabilidad de un recurso fundamental.
La geógrafa y docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Daniela Escalona, advierte que en su origen un royalty minero se aplicaba a la tasa de extracción sin importar si el material se vendía o acumulaba. Definición que cambió en Chile con la reforma tributaria que hizo en 1990 el Gobierno de Patricio Aylwin.
“En ese momento la opinión pública no se percató de que en la ley venía un cambio a la tributación minera donde se pasó a un impuesto sobre la renta. Bajo esa norma ellos podían descontar los costos operativos, lo que en la práctica permitía que su renta declarada apareciera como mucho menor de la que era realmente. En la década del 2000 se habló de un boom de la industria porque las utilidades fueron enormes, pero aún así ellos podían disfrazar su ganancia percibida y seguir pagando un impuesto mucho menor del que debían haber cancelado”, explica.
Más allá de las concesiones obtenidas por el lobby de la industria minera, la doctora en geografía considera que la propuesta actual en discusión plantea ciertos elementos que deben valorarse en términos de sustentabilidad.
“Sin duda cualquier impuesto a la minería es un avance respecto a que las tasas de ganancia extraordinarias de la industria tienen que beneficiar al país. Hoy Chile extrae mucho más que en 1990 pero la mayoría proviene de la minería privada. La producción a comienzos de esa década giraba en torno al 70% por parte de Codelco y un 30% en la minería privada, pero con los años esos porcentajes casi se invirtieron. El cobre es el recurso más importante que tenemos y en algún momento se va a agotar, por eso el Estado debe actuar de manera estratégica en lo que se refiere a ralentizar los volúmenes de extracción para controlar un poco más el precio, porque lo que estamos haciendo ahora es permitir que se saque lo más posible y se venda barato”, explica.
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Consideraciones medioambientales y económicas
Respecto a los destinos de la recaudación, la propuesta de royalty incorpora una distribución de parte importante de los recursos a gobiernos locales y regionales, priorizando aquellos de las zonas mineras, algo que Escalona considera un paso en la dirección correcta para zonas de sacrificio, polución y graves detrimentos en el ecosistema.
“La medida incluye un componente de reparación ambiental donde el Estado dice que parte de esta nueva recaudación va a compensar a las comunas que asumen las externalidades de la minería. Eso es importante porque en Chile no existe un mecanismo estatal que genere una compensación económica al daño ambiental, lo que va en el sentido de una justicia para los territorios que por décadas han sufrido los efectos ambientales nocivos de la extracción privada”, comenta.
Asimismo, independiente de la forma final que adquiera esta nueva forma de impuesto, su implementación redundará en una herramienta importante para que la industria minera pase a hacerse cargo de los impactos ambientales y territoriales que su actividad genera, cree Hans Fernández, geógrafo Máster en gobernanza de riesgo y recursos.
“Hay que ser realistas, la minería tal como la conocemos no se acabará, por lo que urge repensar la forma en que se desarrolla. Los gravámenes buscan mejorar la distribución de la riqueza obtenida por parte de la industria. Si esto no ha producido a la fecha es porque la actividad minera no ha retribuido adecuadamente a los territorios en los que se inserta. En este sentido, la industria ha tenido un problema de visión respecto a su presencia en los territorios, ya que pocas veces se han involucrado de manera horizontal o dialogante con las comunidades. Es más, la mayoría de las industrias han reaccionado de manera defensiva a las nuevas regulaciones. Esto ha llevado a que generalmente la industria minera sea vista como un "mal vecino"”, plantea el docente a cargo del Diplomado en Cambio Climático y Liderazgos Ciudadanos de la UAHC.
Fernández coincide en que la minería va a responder a lo que establecen las regulaciones institucionales y que sería una ingenuidad pensar que esta actividad por sí sola va a generar un desarrollo más equitativo, eficiente y sustentable.
Al respecto, los casos de éxito dependen de normativas robustas que dirijan esta práctica industrial. “Hay mineras que lo están intentando, o que lo han hecho gracias a la presión social, pero gran parte de la industria sólo hace lo que la regulación ambiental y económica exige. En este sentido, quien debería mejorar la estrategia de desarrollo regional en base a los ingresos de la minería son los tomadores de decisiones. Aumentar el gravamen de la actividad apunta hacia ese foco”, considera.
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