Destituyen a hija de Izurieta y a su esposo de la Fiscalía por graves faltas a la probidad
Este miércoles se confirmó la salida de sus respectivos cargos de los fiscales de la zona Oriente, María Constanza Izurieta, y su esposo, el exjefe de la Fiscalía Local de Las Condes, Andrés Iturra.
La decisión está vinculada al caso del excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, procesado por la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford en el contexto de una millonaria malversación de fondos públicos.
Específicamente, las indagatorias apuntan a que el matrimonio, conformado por la hija del procesado, fue parte de una estrategia desplegada en la justicia ordinaria para que Izurieta padre se deshiciera de cuatro inmuebles, con el propósito de evitar su embargo de ser condenado.
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De acuerdo a lo que detalla La Tercera, se trata de la sanción más grave que contempla el estatuto administrativo del Ministerio Público aplicada por la envergadura de las faltas a la probidad que acreditó el sumariante, Miguel Ángel Orellana, luego de lo cual fueron ratificadas por el jefe regional (s) Felipe Sepúlveda, quien operó como ejecutor del castigo todavía apelable en la Fiscalía Nacional.
“Sin perjuicio de la particular gravedad de las conductas ejecutadas por los inculpados hay que considerar además otro pernicioso efecto del que nos advierte el investigador, cual es que la profusa difusión en los medios de prensa de los hechos indagados lesionó de forma severa la imagen institucional, dado que estos actos privados de los investigados han sido utilizados para desvalorar a la institución en su conjunto, generándose una injustificada sensación de corrupción generalizada al interior del Ministerio Público”, detalla la resolución.
Respecto del sumario, estipula que aunque ambos funcionarios conocían el estado procesal de Óscar Izurieta, de todas maneras contribuyeron con acciones que podrían constituir lavado de activos. En consecuencia, actualmente está vigente una indagatoria contra el ex militar y el matrimonio a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
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El 5 de marzo del año pasado, Iturra declaró como testigo, admitiendo conocer la situación patrimonial de su suegro, Óscar Izurieta, a quien aproximadamente le atribuyó un patrimonio de $1.800 millones.
Consumados los hechos que se le imputan a la pareja, Rutherford no pudo embargar los inmuebles donados por el procesado a su familia. A la colaboración, que constituye actos contra la probidad, prohibidos para los fiscales, se adicionan sanciones por “conflicto de interés” en la función pública.
A pesar de que el matrimonio se defendió argumentando que las donaciones fueron propiciadas por diversas patologías que afectaban a Izurieta, que lo hicieron temer por su vida”, la razón fue catalogada como “inverosímil” por los sumariantes, dado que lo esgrimido por la pareja respecto de que no estaban en conocimiento de los procesos judiciales que involucran a Izurieta padre, resultó difícil de creer considerando que desde el año 2019 ya existían antecedentes de las causas judiciales derivadas de gastos reservados que involucran a la integridad de los comandantes en jefe vivos.
“Los inculpados tuvieron una participación principal en una serie de actos concatenados que tuvieron como consecuencia que Óscar Izurieta se desprendiera del dominio de todos los inmuebles de su propiedad”, agrega la resolución.
De igual forma, el sumario determinó la expulsión de los dos fiscales, que estuvieron suspendidos durante ocho meses con goce de sueldo, además de establecer que “la donación que hizo Óscar Izurieta de sus bienes raíces a sus hijas no tiene justificación económica, ya que pese a haberse desprendido del dominio de aquellos, siguió comportándose como dueño de éstos, ejerciendo atributos dominicales, puesto que seguía administrando y percibiendo los arriendos de dichas propiedades”.
