Disputa por subdivisión de predios rústicos continúa en la justicia
Al menos siete recursos de protección han sido presentados por inmobiliarias en distintos lugares de Chile, pidiendo la nulidad de un oficio y una circular del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), que buscan suspender la certificación para subdividir predios rústicos y evitar posibles urbanizaciones que conlleven un cambio de uso de suelo agrícola.
Así lo denuncia Chile Ambiental, una organización de defensoría ambiental tras la cual se están coordinando otras 30 organizaciones territoriales y ambientalistas que manifiestan su preocupación por los efectos que ha tenido la parcelación de zonas rurales que terminan destinándose al desarrollo inmobiliario. Desde Chile Ambiental anuncian que se harán parte en los recursos para “ir en defensa de las determinaciones del SAG, que están completamente dentro de la ley”, declara Claudia Soto, integrante de la organización.
Los recursos de protección presentados por distintas inmobiliarias ante Cortes de Apelaciones buscan dejar sin efecto el oficio y la circular del SAG, “por ser dichos actos arbitrarios e ilegales”, como se lee en uno de los recursos. Según los recurrentes, los actos del SAG vulneran el derecho de propiedad, de igualdad ante la ley, y de desarrollar una actividad económica lícita.
La polémica comenzó en julio del 2022 con la dictación del primero de estos actos por parte del SAG, en un intento del Ministerio de Agricultura por “preservar el suelo rural para fines agrícolas y evitar los efectos de un desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial”, según se explicó desde la cartera. Ante la situación, varias inmobiliarias se agruparon en un gremio y solicitaron un pronunciamiento a la Contraloría General de la República (CGR); organismo que ha decidido no pronunciarse mientras existan procesos judiciales abiertos.
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Los recursos
"La actitud de las inmobiliaras es que 'la parcela es mía y puedo hacer lo que quiero'. Por eso sienten vulnerados sus derechos de propiedad y de libertad económica. Pero la propiedad privada tiene límites sociales y ambientales. Nosotros agrupamos a muchas comunidades que han sufrido los efectos de los loteos en zonas rurales, la falta de agua para los pequeños agricultores, la contaminación, la pérdida de suelo altamente productivo. Y en el sur están impactado los ecosistemas naturales y especies nativas”, denuncia Claudia Soto.
La argumentación de las inmobiliarias es que la subdivisión de los predios por sí misma no genera un cambio en el uso de suelo, por lo que se está rechazando una autorización en base a algo que todavía no sucede, y que eso excede las competencias del Ministerio de Agricultura y del SAG. Desde el Ministerio de Agricultura sostienen que el SAG tiene facultades consagradas por ley para suspender las autorizaciones y requerir informes a distintos servicios del Estado, para prevenir una eventual vulneración de la normativa sectorial.
Al menos en el caso de uno de los recursos de protección presentado por inmobiliarias, se solicitaba una orden de no innovar para que la circular y la ordenanza no se hicieran efectivas mientras durara el proceso judicial, para no poner en riesgo la inversión de capital. La Corte de Apelaciones de Santiago, donde se presentó el recurso, denegó esta solicitud, aclarando que la ordenanza y el instructivo que suspenden las autorizaciones para subdivisión seguirán rigiendo mientras dure el proceso judicial, según informó el Diario Financiero.
