“Con emoción leemos la sentencia en Operación Cóndor”. Así destacó la abogada y exministra Paulina Veloso la emblemática resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que elevó las penas que deberán cumplir 22 exagentes de la dictadura por las víctimas de la Operación Cóndor.

El sentimiento de Veloso, viuda de Alexei Jaccard, una de las víctimas del plan represor de Augusto Pinochet en conjunto con los regímenes militares del cono sur en la década de los ’70, es compartido en el mundo de los derechos humanos.

“Es con toda seguridad la sentencia más dura y con las penas más graves que se hayan aplicado en Chile para crímenes de lesa humanidad”, coincide el abogado Nelson Caucoto, quien representa a 7 de 12 familiares de las víctimas en esta causa.

Sin embargo, la causa no está sellada y hay preocupación por los pasos que vienen, dado que lo más probable es que tanto los condenados como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurran ante la Corte Suprema.

“Se trata de una sentencia sólida y que difícilmente puede ser objeto de una casación. Pero una estrategia que suelen seguir las defensas de los condenados y también el CDE es recurrir de casación en la forma o en el fondo ante la Corte Suprema”, asume en entrevista con El Desconcierto la abogada Karinna Fernández, quien representa a las familias de Ruiter Correa Arce, Hernán Soto González y Ricardo Ramírez Herrera.

El tiempo es un factor clave en estos procesos de violaciones a los DD.HH. en dictadura. Este caso de Operación Cóndor lleva más de dos décadas de investigación y sólo esta sentencia demoró 353 días en salir desde que se alegó en la Corte de Apelaciones, “lo que nos plantea una situación muy compleja en materia de cuanto sigue tardándose la justicia en estos casos”, añade la abogada.

Y en el mundo de los derechos humanos hay inquietud dada la evidente acumulación de causas que tiene en sus manos la Sala Penal del máximo tribunal. Por ejemplo, en Londres 38, tienen 26 causas ingresadas en la Corte Suprema sin ser vistas y muchas de ellas datan de 2018. Mientras, en el Estudio Jurídico Caucoto Abogados están a la espera de resoluciones en casos emblemáticos como Calle Conferencia 2, Comité Central PS, Caso Frei, Caso Víctor Jara y Litre Quiroga, Caso Fuente Ovejuna y el del exlíder del MIR, Bautista Van Schouwen, entre otros.

En el Poder Judicial han intentado solucionar este tema. Las cifras más recientes, que corresponden a la oficina de Coordinación Nacional de causas de Derechos Humanos de la Corte Suprema, indican que al 31 de diciembre había 1.481 causas en manos de ministros en visita, 51 en Cortes de Apelaciones, y 149 en la Corte Suprema.

• Vea el informe de la Coordinación Nacional de causas de Derechos Humanos:

El 18 de julio pasado, el Pleno de la Corte Suprema, tras escuchar un informe del ministro Mario Carroza -quien asumió en noviembre del año pasado como coordinador de DDHH- encomendó a la Segunda Sala elaborar una “propuesta de trabajo que propicie la agilización de los procesos sobre violaciones a los derechos humanos, que se encuentran pendiente de ser conocidos por esta corte”. Pero hasta la fecha no hay respuesta.

Entre los familiares de las víctimas y querellantes no pierden la esperanza de que la justicia llegue a la brevedad, tomando en cuenta que hay una fecha histórica cerca en el calendario. “Estamos a la espera, todos quienes defendemos a estas víctimas y a sus familias, que esto se pueda resolver antes del próximo año, cuando se cumplen 50 años del golpe militar”, sostiene Karinna Fernández.

Las claves del fallo

• Los detalles. La sentencia dictada por la Undécima Sala de Corte de Apelaciones de Santiago –integrada por los ministros Jessica González, Loreto Gutiérrez y Jaime Balmaceda- corresponde a una de las dos megacausas en el Caso Operación Cóndor. La sentencia modificó el fallo de primera instancia del ministro Carroza al elevar las penas a 22 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro y homicidio calificado de 12 víctimas, 10 de las cuales fueron secuestradas en el exterior.

El fallo refiere a los secuestros de Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velásquez, Alexei Jaccard Siegler, Héctor Velásquez Mardones y los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

Las mayores penas recayeron contra los jefes del aparato exterior de la DINA Cristoph Willike, Raúl Iturriaga, Pedro Espinoza y Juan Morales quienes fueron condenados a 20 años como autores del delito de secuestro calificado y otros 20 años por el delito de homicidio calificado. Mientras que otros tres agentes deberán cumplir penas de 36, 25 y 15 años por los mismos delitos, entre ellos Miguel Krassnnoff, Gerardo Godoy y la agente Gladys Calderón.

• Sentencia dura. Según Caucoto, se aplican las penas más altas en una causa de DD.HH. “Es un fallo que reivindica enormemente a la administración de la justicia. Es con toda seguridad la sentencia más dura y con las penas más graves que se hayan aplicado en Chile para crímenes de lesa humanidad. Penas que van desde los 40 y 36 años para los violadores de derechos humanos son inusuales en nuestro país, y se corresponden con la gravedad de los delitos y la inmensa extensión del daño producido”.
• Fallo innovador. Para Karinna Fernández, “este es un paso importante, en términos de justicia. Además, se superan algunos aspectos como lo que siempre solicita el Fisco de Chile en estos casos que busca que se declare prescrita la acción civil. Y es muy probablemente una de las primeras sentencias que reconoce la reparación simbólica en una sentencia y no sólo en cuanto a indemnización, sino también en otros aspectos de la reparación en los términos solicitados por Paulina Veloso respecto a Alexei Jaccard”.

En efecto, la sentencia innova en materia civil, ya que fijó reparaciones de carácter simbólicas, ordenando la creación de un Premio de DD.HH. con el nombre del desaparecido Alexei Jaccard, tarea que debe cumplir la Universidad de Concepción.

Igualmente en otra arista innovadora del fallo, el tribunal ordenó que el Fisco de Chile financie la compra de libros dedicados al tema de DD.HH. para ser repartidos en las escuelas públicas de Chiguayante.

• • Los grandes ausentes. Con todo, según explica Caucoto “estamos hablando de un proceso en donde hay dos grandes ausentes entre los condenados.  En primer lugar, Augusto Pinochet, quien en 2004 fue desaforado por esta causa, y Manuel Contreras, el gran ideólogo de la operación Cóndor. Además de otros 18 agentes que fallecieron en el transcurso del mismo y que fueron sobreseídos”.

• Revise cuadro comparativo de los agentes implicados y condenados en este caso:

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