Luego de varias jornadas de negociación y paralización, donde incluso se barajó la opción de aplicar Ley de Seguridad del Estado, transportistas forestales llegaron a un acuerdo con el gobierno para abordar temas de seguridad del gremio.

De acuerdo a una publicación de ADN, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encargado de liderar estas reuniones, anunció que en ellas el Ejecutivo se comprometió a impulsar un "Estado intermedio" con el fin de proteger y resguardar las vías y rutas del país con personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Respecto de las negociaciones, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag), René Muñoz, conversó con la emisora asegurando que, pese a los bloqueos y desencuentros, se alcanzó el propósito que buscaban. "La conclusión final es que se logró el acuerdo. Es cierto que hubo varios caminos, pero se logró lo que estábamos buscando", destacó.

Paralelamente, comentó las motivaciones que llevaron a algunos transportistas forestales a mantener los cortes de ruta, a pesar del acuerdo que se firmó en primera instancia. "Se anexaron otras federaciones de camiones que fueron enturbiando las conversaciones, pero finalmente se logró el acuerdo que fue refrendado en La Moneda", detalló.

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Incluso, sostuvo que "ninguno de los últimos gobiernos, desde el segundo gobierno de Bachelet hasta el segundo (de) Piñera, nos había ofrecido lo que hoy está en la mesa".

Sin embargo, agregó que tienen la expectativa de que "esto avance en los plazos comprometidos, porque lo que se está planteando es que el clima de trabajo para nosotros es totalmente inseguro".

Para Muñoz, lo que ocurre en la Macrozona Sur no solo involucra ataques incendiarios, sino que también alcanza al robo de la madera. “Acá no hay solo problemas de seguridad en función de atentados y quemas de casa, hay una industria montada en función de lo que es el robo de la madera, que financia a gran parte de estos grupos delictuales“, dijo.

En el detalle, aseguró que 89.000 camiones con madera ilegal ya han transitado por las regiones del Biobío y La Araucanía, lo que estaría avaluado en más de US$100 millones. "Acá no funciona el Estado de Derecho, las instituciones no funcionan, Carabineros llega tarde siempre a todo, no hay prevención", aseguró.