El gobierno brasileño determinó este miércoles que el contenido de las reuniones que el presidente Jair Bolsonaro ha tenido con dos pastores evangélicos sospechosos de corrupción pasará a ser secreto, informó el diario O Globo.

El periódico dijo que pidió información sobre esas reuniones al Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia, pero ese organismo lo negó, alegando precisamente "cuestiones de seguridad", lo cual ha sido confirmado por otras fuentes oficiales.

La información solicitada se refiere a reuniones que Bolsonaro ha tenido con Gilmar Santos y Arilton Moura, dos pastores de iglesias evangelistas que son investigados por supuestos actos de corrupción vinculados al Ministerio de Educación.

El 28 de marzo esas sospechas llevaron a la renuncia del entonces titular de ese despacho, Milton Ribeiro, quien también es pastor de una iglesia presbiteriana y dejó el gobierno acorralado por las dimensiones que comenzaba a cobrar el asunto.

Las sospechas nacieron de un audio obtenido por el diario Folha de Sao Paulo en el que Ribeiro comentaba que los presupuestos del Ministerio de Educación tenían entre sus prioridades los proyectos que impulsan pastores de iglesias pentecostales afines al gobierno.

"Mi prioridad es atender, primero, a los municipios que más precisan, y segundo, a los amigos del pastor Gilmar", decía Ribeiro en alusión a un líder religioso cercano a Bolsonaro, y agregaba que era "un pedido especial" del propio "Presidente de la República".

Ribeiro desmintió luego que hubiera recibido algún pedido similar de Bolsonaro, quien antes de su renuncia lo defendió con énfasis, al punto de declarar que pondría "la cara en el fuego" por el ministro.

Las denuncias fueron ratificadas por tres alcaldes de pequeñas ciudades del interior del país, que dijeron ante una comisión del Senado que los pastores Santos y Moura se presentaban como miembros del equipo de Ribeiro y exigían comisiones para liberar recursos del Ministerio de Educación para sus municipios.

El asunto es investigado por la Fiscalía General y se suma a otras sospechas de corrupción en el Ministerio de Educación, que son analizadas por el Tribunal de Cuentas (TCU), organismo auditor del gasto estatal.