Salmonera investigada por fraude al fisco obtuvo subsidios estatales por $131 mil millones
De acuerdo a un informe publicado por la fundación Terram, la salmonera Nova Austral -empresa que tiene a cinco exejecutivos formalizados desde marzo por fraude de subvenciones y otros delitos-, habría recibido más de $131 mil millones entre 2001 y 2020 por conceptos de subsidios estatales entregados bajo la denominada Ley Navarino.
Así lo consigna El Mostrador, que publica las conclusiones a las que arribó la fundación tras investigar los fondos destinados a empresas por este concepto. Terram pudo constatar que entre 1989 y 2020, la Ley Navarino entregó $299.343 millones en subsidios a 207 empresas. De esos dineros, $131.564 millones fueron destinados a Nova Austral S.A., lo que se traduce en el 44% del total.
Cabe mencionar que Fiscalía decidió procesar a cinco ex altos ejecutivos de la salmonera este año luego de corroborar que tuvieron participación directa en la falsificación de datos de mortalidad de peces, así como también sobre la siembra y cosecha con el consecuente deterioro del fondo marino, desde el 2016 al 2019, período en el que la empresa habría recibido $60 mil de los $131 mil millones que se le reconocen, casi un 46% del total abonado en 20 años.
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Es más, la fundación también pudo determinar que los subsidios recibidos Nova Austral entre 2017 y 2018, mediante la Ley Navarino, equivalen al 38% y 34%, respectivamente, del presupuesto anual del Gobierno Regional de Magallanes.
La Ley Navarino -bajo la cual se repartieron estos fondos estatales- establece un régimen de excepción tributaria para el territorio comprendido entre la isla de Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y un sector de la costa sur del Estrecho de Magallanes, y tiene el objetivo de fomentar las industrias que ayudaran a poblar la zona.
"Vale la pena preguntarse si la justificación y objetivo de fomento perseguido al momento de su promulgación asociado al poblamiento de esa zona, subsiste hasta hoy como para sostener la vigencia de esta legislación", cuestiona el abogado de la fundación Terram, Christian Paredes.