El tribunal publicó y retiró una nota sobre medidas cautelares antes de que figurara una resolución sobre ellas en el expediente.
Imagen de archivo sobre Pascua Lama.
Los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental se inhabilitaron en una causa relacionada con el proyecto Prospección Minera El Alto, llamado “Pascual Lama 2.0”, luego que el sitio web del propio tribunal publicara una nota sobre el rechazo de medidas cautelares solicitadas contra la iniciativa.
La publicación apareció el miércoles 23 de septiembre de 2026 y fue retirada horas más tarde. Según la investigación de Biobío, al momento de la publicación no figuraba en el expediente una resolución que respaldara ese contenido.
El proyecto pertenece a Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick Gold, y contempla 62 pozos de sondaje de diamantina sobre 43 plataformas en la alta cordillera de Alto del Carmen, región de Atacama. La iniciativa considera una inversión de US$35 millones.
El Primer Tribunal Ambiental ha tramitado durante 2026 distintas reclamaciones contra la aprobación ambiental del proyecto. Entre ellas está la causa R-174-2026, presentada por la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, que además solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución que aprobó ambientalmente la iniciativa.
En julio, el tribunal informó que había acogido a trámite esa reclamación y que la medida cautelar se encontraba en estudio.
En agosto, el tribunal informó la admisión a trámite de otras dos reclamaciones: la R-187-2026, presentada por el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen, y la R-189-2026, presentada por vecinos de Alto del Carmen y la Comunidad Indígena Diaguita Kayko. Ambas se sumaron a las causas R-163-2026 y R-174-2026, que ya se encontraban en tramitación.
Los reclamantes han planteado cuestionamientos relacionados con la evaluación ambiental de El Alto, sus efectos sobre recursos hídricos, glaciares y permafrost, participación indígena y su relación territorial con Pascua Lama. Se trata de argumentos formulados dentro de los respectivos procesos judiciales.
Durante la tarde del 23 de septiembre, el sitio web del Primer Tribunal Ambiental publicó una nota que anunciaba el rechazo de las solicitudes de medidas cautelares vinculadas con la prospección. La información fue retirada horas después y también había sido replicada por Portal Minería Chilena.
Al día siguiente, entre las 18:53 y las 18:55 horas, el relator de la causa R-174-2026, Álvaro Funes Palacios, certificó la inhabilidad de los tres ministros titulares: Alamiro Alfaro Zepeda, presidente del tribunal; Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas.
Los tres invocaron la misma causal: haber “manifestado de cualquier modo dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de ella”, vinculada con la solicitud de medida cautelar.
La Ley N.º 20.600 establece las causales de inhabilidad aplicables a los ministros de los Tribunales Ambientales y regula la subrogación cuando un tribunal carece de ministros titulares o suplentes suficientes para formar quórum.
La investigación también aborda cuestionamientos formulados por los reclamantes respecto del relator Álvaro Funes Palacios.
Según el perfil de LinkedIn revisado por el medio, Funes se desempeña en el Primer Tribunal Ambiental desde octubre de 2018 y, antes de llegar al tribunal, trabajó durante cinco años como jefe de Asuntos Legales de Barrick Gold Corporation en Compañía Minera Zaldívar, en Antofagasta.
El abogado Bruno Barrientos, representante de la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, cuestionó la asignación de Funes a una causa en la que está involucrada una filial de Barrick. También sostuvo que la publicación anticipada se produjo mientras las comunidades esperaban una decisión sobre las medidas cautelares.
La investigación recogió además declaraciones de la abogada Karinna Fernández, quien representó a vecinos de Alto del Carmen en una solicitud de cumplimiento estricto de un fallo de un recurso de protección. Fernández cuestionó la publicación anticipada y sostuvo que afectaba estándares de imparcialidad y debido proceso.
Los cuestionamientos sobre el relator corresponden a planteamientos de los litigantes. Los antecedentes revisados no establecen que Funes haya incurrido en una actuación irregular ni acreditan un conflicto de interés.
Tras las inhabilitaciones, el secretario abogado del Primer Tribunal Ambiental, Gonzalo Vergara Araya, certificó el envío de las causas al Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago.
El traslado se realizó en aplicación del artículo 10 de la Ley N.º 20.600, que establece las reglas de subrogación cuando un Tribunal Ambiental no puede reunir a sus integrantes para formar quórum. Para el Primer Tribunal Ambiental, la norma contempla la subrogación por ministros suplentes del Segundo Tribunal Ambiental.
La presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy, está casada con Gonzalo Montoya Cisterna, gerente legal de Compañía Minera Zaldívar. Este antecedente fue incluido en la investigación en relación con la eventual tramitación de las causas, pero no constituye por sí mismo una determinación de inhabilidad.
El proyecto El Alto se ubica en el sector asociado al antiguo proyecto Pascua Lama. El Primer Tribunal Ambiental informó en agosto que, en la causa R-5-2018, acumulada con la R-6-2018, confirmó la sanción de clausura del proyecto fundada en tres cargos relacionados con incumplimientos ambientales: monitoreo de glaciares y glaciaretes, monitoreo de descarga de aguas de contacto al río Estrecho y utilización de una metodología no autorizada para calcular niveles de alerta de caída de aguas.
La misma resolución informativa del tribunal señala que las nuevas reclamaciones contra El Alto incluyen cuestionamientos sobre la compatibilidad de la prospección con la clausura definitiva de Pascua Lama. Esos planteamientos forman parte de las reclamaciones judiciales y están sujetos a la resolución de los tribunales.
Las inhabilitaciones y los antecedentes relacionados con el relator, el Primer Tribunal Ambiental señaló que su Colegiado de Ministros había acordado no emitir pronunciamientos adicionales sobre causas judiciales actualmente en tramitación. El tribunal agregó que reforzó sus protocolos y procedimientos internos relacionados con la comunicación de decisiones jurisdiccionales.
